Alexis Martinez Scigliani

Mediante el Decreto Ejecutivo N°766 de 29 de diciembre de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha determinado las pautas para la implementación de la factura electrónica en Panamá. Esta legislación estableció que, desde el pasado 1 de junio de 2021, inició la migración masiva y voluntaria al sistema electrónico de facturación, por lo que todas las empresas exceptuadas de equipo fiscal, así como cualquiera empresa que solicite voluntariamente la autorización a la Dirección General de Ingresos (DGI) podrá adoptar la factura electrónica, eliminando las impresoras fiscales y disminuyendo tiempo y costos.

La factura electrónica se define como un documento electrónico con formato XML, de existencia puramente digital, que respalda y deja constancia de operaciones que involucran la transferencia de bienes y/o servicios, emitido a través de medios electrónicos, que permite dar validez tributaria a las operaciones comerciales efectuadas, el cual será firmado electrónicamente, validado por el Proveedor de Autorización Calificado y prestará mérito ejecutivo.

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La facturación electrónica promete múltiples beneficios a las empresas y comerciantes. Ya que, según fuentes oficiales, permite a las empresas automatizar el procesamiento de facturas, reduciendo costos operacionales y tiempos de gestión. Lo anterior, considerando que reduce el uso del papel, tintas, impresión y gastos de almacenamiento; minimiza el riesgo de recibir facturas falsas o realizar pagos duplicados, impulsa el comercio electrónico y, garantiza la privacidad, puesto que, según la DGI, los consumidores finales no están obligados a dar sus datos personales.

No obstante, es el último punto de protección a la privacidad lo que ha generado preocupación en diversos sectores de la población. Ya que, si bien es cierto, la DGI siempre ha tenido acceso a la información relativa al comercio, el manejo de datos digitales y la participación de nuevos actores (Proveedores Autorizados Calificados) han generado diversas inquietudes.

La Ley 81 de 26 de marzo de 2019, “sobre protección de datos personales”, establece que un “dato personal” es cualquiera información concerniente a personas naturales, que las identifica y las hace identificables. En ese orden de ideas, la precitada legislación define también un “dato sensible” como aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales; así como datos relativos a la salud, a la vida, a la preferencia u orientación sexual, entre otros.

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Así las cosas, las facturas que contienen el nombre, dirección, contacto de la persona que adquiere el servicio o producto, así como un detalle del concepto de la facturación, por ejemplo: el sometimiento a cierto tratamiento médico, deben estar protegidas por la Ley 81, al ser datos personales y sensibles, y por ende, los responsables del tratamiento de los datos deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesaria para garantizar la seguridad de los datos bajo su custodia, así como informar al titular, lo más pronto posible, cuando los datos hayan sido sustraídos sin autorización o haya indicios suficientes de que su seguridad ha sido vulnerada.

La innovación en la facturación debe venir acompañada con la certeza de sistemas de seguridad que brinden tranquilidad y garanticen la protección de información brindada. Es deber de las autoridades, no solo informar a la ciudadanía sobre este nuevo sistema, sino mantener un rol de fiscalización constante con las empresas encargadas de almacenar estos datos.

La autora es miembro de la Fundación Libertad Panamá

Panamá tuvo una calificación en el Libertómetro de 0% durante junio, mostrando así un desempeño aparentemente balanceado en la defensa de la libertad. Para el mes en cuestión se analizó un total de cuatro medidas emitidas por el Poder Ejecutivo. De estas, el 50% fueron positivas, 50% negativas.

La calificación de las medidas negativas, dos en total, se comporta de manera uniforme. El promedio de estas evaluaciones fue de -2. Dentro de las medidas catalogadas como negativas destaca una modificación de aranceles a artículos y herramientas que coadyudan al sector agrícola, en donde se establació un arancel de aproximadamente un 10% a los machetes y dejando libres de impuestos las otras herramientas y suministros.

Por otro lado, continúan los toques de queda manteniendo la gran limitación que sufren los habitantes de las zonas restringidas, sin contar con un análisis serio científico que dichas restricciones otorgen resultados positivos en la baja de los casos de la pandemia por covid19. Considerando los ya muchos daños evidenciados en la dinámica de la economía nacional.

La puntuación de las medidas positivas tuvo un comportamiento dentro de lo normal. El promedio de estas notas positivas fue de 2. Es de recalcar que solamente dos medidas fueron catalogadas en este grupo, destacando una modificación arancelaria temporal a unos de los productos  básicos de la canasta básica para la región: el maíz, es una gran oportunidad que tiene el país panameño para demostrar que es necesario la erradicación de estos crueles impuestos que atentan contra la libertad de consumo de los ciudadanos.

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Adicionalmente, se evaluó una medida para el ingreso de extranjeros a tierras panameñas que permite una libertad de tránsito en el país condicionada a las personas que procedan de Reino Unido, Sudáfrica, Sur America e India , consta de dos requisitos, pruebas COVID negativa y certificado digital de vacunación o tarjeta

La aparente calificación en cero en el Libertómetro en junio de 2021 carece de leyes o decretos de real impacto a la ciudadanía, es lamentable evidenciar por medio de esta valiosa herramienta la falta de acción de los gobernantes con temas tan prioritarios como, economía, desempleo, vivienda, salud y educación. Por el contrario, el legislativo se dedicó a negociar la dirección del nuevo directorio legislativo.

Queda debiendo los gobernantes panameños a su población, las prioridades de los gobernante no son las mismas que requieren con ansias los ciudadanos.

Panamá tuvo una calificación en el Libertómetro de 91.7% durante mayo, mostrando un equilibrio de acciones donde la balanza se inclina a lo positivo.

Para el mes en cuestión se analizó un total de seis medidas emitidas, cinco por el Poder Ejecutivo y uno por el Poder Legislativo. De estas, el 65% fueron positivas, 35% negativas.

La calificación de las medidas negativas, dos en total, se comporta de manera uniforme. El promedio de estas evaluaciones fue de -1. Dentro de las medidas catalogadas está una reforma al Código de Trabajo que le permite esos beneficios odiosos y discriminatorios sobre los conflictos colectivos en referencia al a definición y reglamentación de cuándo y cómo se aplica la concurrencia en las peticiones gremiales y la implementación de la factura electrónica como un mecanismo tecnológico, que lo que hace es aumentar la fiscalización y el deseo de obtener más impuestos. Así mismo confiere mayor posibilidad de fiscalización del gasto público[a1] .

La puntuación de las cuatro medidas positivas tuvo un comportamiento dentro de lo normal. El promedio de estas notas positivas fue de 3.25, destacando una moratoria en el pago de las prestaciones sociales dándole oportunidad a los empresarios panameños de producir con una suspensión temporal del pago de cargas sociales y una ley que permite atraer beneficios económicos al país promoviendo que extranjeros que hacen teletrabajo residan en Panamá y con ello se aseguran que estos salarios se gasten en Panamá y así colabore con la anhelada y necesaria reactivación económica.

La aparente calificación en el Libertómetro en mayo de 2021 muestra como Panamá camina a pasito lento pero al menos hay acciones positivas, se requiere de más esfuerzo, dedicación y sobre todo voluntad política para sacar adelante los proyectos y decretos de  mayor impacto positivo para la ciudadanía panameña.

 [a1]Este aspecto/redacción está demasiado negativo, se puede resaltar el aspecto de vigilancia en el caso de acoso político. Adjunto artículo de referencia

Conoce más del Libertómetro

Para el mes de junio, se recibe y se analizan 4 medidas para la herramienta del Libertómetro de Costa Rica. Resultó con una calificación de -66.7% demostrando un desempeño negativo para las defensas de las libertades.

Durante este mes se incluyen 4 medidas, emitidas todas por el Órgano Ejecutivo, mostrando una relativa pero preocupante “calma” en la dinámica de trabajo del Órgano Ejecutivo. De las medidas evaluadas, el 100% negativas.

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La calificación de las medidas negativas, 4 en total, también se comporta de manera uniforme. El promedio de estas fue de -5. Dentro de estas acciones se destaca únicamente las constantes medidas restrictivas sanitarias que prohíben la circulación de los vehículos,  aparte de ser una especia de Big Brother (Reality show de la década pasada donde una constante es que “la reglas cambian” sin aviso ni prevención) donde las  reglas cambia de manera sorprendente cada 15 días ocasionado gran confusión en la población, limita enormemente las libertades de las personas al tener cierres de locales comerciales a partir de cierta hora y restricción vehicular a partir de las 9 pm. Solo en el sector de bares y restaurantes.

Mientras el poder Legislativo sigue consumido en las sesiones a cargo del poder Ejecutivo donde se continua las réplicas por la ley de empleo público y por el endeudamiento con los créditos del FMI. Además, a finales del mes de junio se hace público el segundo allanamiento a la casa presidencial por parte del Organismo de Investigación Judicial y sale a la luz pública el mayor escándalo de corrupción con 72 personas investigadas y 33 personas detenidas a la espera de medidas cautelares. Siendo esto el mes de Julio se verán las más usuales estrategias populistas donde se crearán comisiones de investigación y se presentarán proyectos de ley en torno a la corrupción desviando toda la atención de las necesidades prioritarias para los costarricense, como lo son Salud, educación, reactivación económica desempleo e informalidad en los empleos.

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Te esperamos julio con ansías de que nada quede impune y nuestros gobernantes trabajen en resolver las prioridades del país.

Para el mes de Mayo, se recibe y se analizan 7 medidas para la herramienta del Libertómetro de Costa Rica. Resultó con una calificación de -33.3% demostrando un desempeño negativo para las defensas de las libertades.

Durante este mes se incluyen 7 medidas, de la cuales 6 fueron emitidas por el Órgano Legislativo y una por el  Ejecutivo, mostrando una relativa pero preocupante “calma” en la dinámica de trabajo del Órgano Ejecutivo. De las medidas evaluadas, el 43% negativas, 56% positiva y 1% neutro.

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La calificación de las medidas negativas, 3 en total, también se comporta de manera uniforme. El promedio de estas fue de -5. Dentro de estas acciones se destaca: Una reforma en la ley de contratación administrativa que tiene como espíritu el mejoramiento del sistema de compras de modo que automatice y maximice los recursos, sin embargo, esta ley muchas veces tiende a ser discriminatoria ya que piden requisitos que solo empresas grandes y con experiencia de venta del estado.

Solo el tiempo y su aplicación nos llevará a ver si sus resultados son positivos. Las constantes medidas restrictivas sanitarias que prohíben la circulación de los vehículos,  aparte de ser una especia de Big Brother (Reality show de la década pasada donde una constante es que “la reglas cambian” sin aviso ni prevención) donde las  reglas cambian de manera sorprendente cada 15 días ocasionado gran confusión en la población, limita enormemente las libertades de las personas al tener cierres de locales comerciales a partir de cierta hora y restricción vehicular a partir de las 9 pm. Solo en el sector de bares y restaurantes y, por ultimo, el presupuesto extraordinario durante el segundo semestre del 2020 nuestro parlamento como todos los años realizó la discusión del presupuesto de la República. En dicha discusión se intentó reducir los egresos del Estado, el trabajo fue tan mal hecho que en solo 5 meses ya vamos por la cuarta modificación por un trabajo realizado sin experiencia y concientización de donde se puede o no recordar.

En cuanto a las medidas calificadas de manera positiva, 4 en total, el promedio fue de 2.5, donde resaltan la incorporación de CR en la OCDE trayendo consigo esperados y anhelados cambios en la forma de administrar nuestro país, una ampliación de plazos en las restrictiva ley de Zona marítimo terrestre que al menos le da mas tiempo a los propietarios que dependen de sus tierras, una ley que suspende el aumento del salario (dieta) de los Diputados de la República, aunque no es algo sumamente de impacto al menos existe un ahorro para la hacienda y, por ultimo, la autorización del plazo de suspensión de los contratos laborales en el sector turístico que ha sido de los mas afectados por la pandemia, esta evita los despidos masivos y así se maquilla la tasa de desempleo.

Esperamos que los resultados de impacto de las leyes vengan pronto, por el bien de Costa Rica.

El Salvador registró una calificación de -89.6% en el Libertómetro durante junio de 2021, completando así un segundo trimestre del año con desempeño negativo en la defensa de las libertades.

El análisis de junio incluye un total de medidas sin precedentes para un solo mes desde el inicio de esta medición, 50 (138.1%% más que el mes anterior). De estas, el 90% obtuvo una calificación negativa, 6% fueron neutras y 4% positivas. La tendencia degradante de la división de poderes procedió a modificar la composición de los Consejos Directivos de instituciones autónomas, a través de artificios de ley que bloquean la veeduría ciudadana y facilitan la opacidad en la gestión pública. Asimismo, el cierre del segundo semestre del año se ve marcado por la aprobación de la polémica Ley Bitcoin, que busca modificar sustancialmente uno de los últimos resquicios de libertad económica de los que presumía El Salvador, como es la sanidad de su moneda (ver “Índice de Libertad Económica 2020, The Fraser Institute, pilar 3, El Salvador).

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La aprobación de la Ley Bitcoin fue la medida más negativa aprobada en junio. Su calificación de -7 fue estadísticamente atípica, ya que el promedio general de las medidas negativas fue de -2.11. Esta otorga a la criptomoneda curso legal en El Salvador; quizá el más dañino elemento de la ley es su artículo 7, que obliga a todo agente económico a aceptar pagos en bitcoin, convirtiéndose esto en una amenaza a los derechos de propiedad y manda una señal de inseguridad a los mercados internacionales. Connotados economistas internacionales han calificado la medida como una “estupidez” y otros incluso detectan la nefasta puerta que esta abre para blindar el crecimiento patrimonial mal habido de la argolla del poder en el ejecutivo. La medida entrará en vigencia durante septiembre de 2021, a esperas del reglamento especial que elaborarán el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia del Sistema Financiero y otras instituciones involucradas. Otra medida negativa fue la derogatoria de la obligación de que la Asamblea Legislativa aprobara las modificaciones en la reserva de liquidez del sistema financiero, quitando así la obligación de exponer públicamente el razonamiento para tales cambios y enviando con ello otra señal preocupante para los inversionistas. Finalmente, el golpe de estado del 1 de mayo se consolidó con la designación del magistrado Óscar López Jerez como presidente de la Corte Suprema de Justicia, trasladándolo hacia la Sala de lo Constitucional en clara violación a la carta magna y la independencia judicial; en el mismo tenor, la Asamblea Legislativa eligió a otros 5 magistrados sin la suficiente deliberación de los motivos de su escogitación y limitándose a buscar coincidencias para votar, sin decir la violación a la Constitución que implica haber elegido ya en la misma legislatura a casi 2/3 de la CSJ cuando el ordenamiento constitucional le permite únicamente elegir 1/3.   

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La puntuación de las 2 medidas positivas tuvo un comportamiento bastante uniforme. El promedio de notas positivas fue de 1.5, con una desviación estándar de 0.71, sin datos atípicos; respecto de mayo, debe decirse que en junio, al menos, hubo algunas positivas. Destaca la aprobación de un decreto transitorio para habilitar que las Juntas y Asambleas de las personas jurídicas se puedan celebrar a través de medios digitales como videoconferencias u otros, lo cual impacta positivamente en la libertad de asociación. También se debe mencionar la aprobación de la Ley Especial Transitoria para la Regulación de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, que establece reglas claras para un mejor ejercicio del derecho a la propiedad privada.

A nivel conceptual, el retroceso de junio de 2021 tiene un matiz económico. Dos de los tres pilares de la metodología utilizada mostraron notas promedio negativas, siendo la más baja la de libertades económicas, con una nota de -1.24. El subíndice que más empeoró en el mes fue el aprovechamiento racional de los fondos públicos, que bajó en el 66% de las medidas analizadas. Por su parte, las libertades políticas mostraron un promedio de -0.6, con el subíndice de respeto al sistema republicano, democrático y representativo como el más perjudicado, en el 52% de las medidas analizadas. Finalmente, el pilar de libertades individuales se mantuvo neutro en junio, ya que la mejoría en la libertad de asociación fue contenida por una degradación de la libertad de testamentación y contratación.  

Para el mes de junio, el Libertómetro de Guatemala resultó con un interesante número, ya que aunque el dato es negativo, -20%, éste representa la tendencia de libertad según las medidas evaluadas en el mes, pero en el análisis notamos cómo aunque hay menos medidas positivas una de estas fue muy bien evaluada, tanto así que hace que la suma entre lo negativo y positivo quede positivo. Lo cual no es reflejado en el libertómetro ya que éste evalúa si las medidas son positivas o negativas.

Durante este mes se incluyen 6 medidas, emitidas todas por el Órgano Ejecutivo, mostrando una relativa “calma” en la dinámica de trabajo del Órgano Legislativo. De las medidas evaluadas, el 33.33% fueron positivas, 33.33% neutras y un 33.34% negativas (dos en cada sección). Se destaca que la labor realizada por el Ejecutivo que mayor impacto tiene sobre la calificación actual se centra en tratar de mejorar el acceso a la información pública a través de uno de sus ministerios.

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La calificación de las medidas positivas, dos en total, se comporta de manera uniforme. El promedio de estas evaluaciones fue de 2, teniendo una desviación estándar de 1.41, sin datos atípicos. Al comparar los datos actuales con los obtenidos en mayo, se observa una leve mejora de 0.67. La acción que más se destaca en este grupo es la creación del comité de datos abiertos del Ministerio de Agricultura, el cual tiene como finalidad el implementar el acceso a la información para toda la población, a través de la creación de un comité ad honorem con personal que ya está trabajando en la institución, lo que supondría eficiencia en el uso de recursos, dando paso a la fiscalización de la ciudadanía en general. Al final, una medida que supone la expansión de un gobierno abierto respetando las libertades siempre es bien aplaudida, aunque es importante mencionar que aún falta profundizar más en la implementación a largo plazo de este proyecto.

La calificación de las medidas negativas, dos en total, también se comporta de manera uniforme. El promedio de estas fue de -1, por lo que la desviación estándar es cero y no existen datos atípicos; comparado a los datos obtenidos en mayo, las medidas negativas de junio experimentan una leve mejora de 0.5 puntos. Dentro de estas acciones se destaca el acuerdo sobre paso de escolares de Guatemala y Belice en puntos fronterizos, la cual fue aprobada en 2014 pero se ratificó hasta junio de 2021. Si bien es cierto esta medida tiene aspectos positivos como agilizar el paso de personas entre ambos países, no se contemplan todos los costos administrativos que esto conlleva, poniendo especial énfasis en que se menciona el compartir datos personales entre ambos países sin especificar la manera de hacerlo, dejando la puerta abierta al posible uso inadecuado de la información personal.

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La calificación positiva en el Libertómetro en junio 2021 fue, en gran parte, resultado del avance en las libertades políticas, destacando una mejora en el derecho a la fiscalización pública; mientras que las libertades económicas e individuales mantuvieron un resultado neutro.

Entonces, ¿la calificación de junio significa que Guatemala se encamina a una mejor defensa de las libertades? Realmente no. Aún falta mucho por hacer y bastante camino por recorrer, porque es de hacer notar que no se evaluaron medidas emitidas por el Órgano Legislativo, siendo incierto el hecho que las decisiones que tomen en un futuro cercano estarán alineadas a favor de una Guatemala más libre, por lo que la constante fiscalización será vital para garantizar que la libertad sea defendida en todo sentido.

Honduras registró una calificación de -58.3% en el Libertómetro durante mayo de 2021, lo cual representa el porcentaje de medidas negativas, sin embargo aunque en fueron más negativas que positivas la evaluación puso en 0 al país ya que al sumar lo negativo y lo positivo el saldo fue 0. Por lo que, podemos asegurar que este mes fue bastante neutro en temas de libertades.

El análisis de mayo incluye un total 6 medidas. De estas, la mitad obtuvo una calificación negativa (una del poder ejecutivo y dos del legislativo), el 33.3% obtuvo puntajes positivos (todas del poder legislativo) y 16.7% fue neutra (del poder legislativo).

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La puntuación de las medidas negativas tuvo un comportamiento bastante uniforme. El promedio de notas negativas fue de -2.7, con una desviación estándar de 2.1, sin datos atípicos. La medida más grave fue la prórroga de las medidas de restricción de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 69,78, 81 y 84 de la Constitución (D. E. PCM 059-2021); este decreto restringió durante 15 días en mayo varios derechos ciudadanos, entre los que destacan la libertad de tránsito y permanencia en el territorio, el derecho al trabajo, entre otros, todo amparado en la prevalencia de cifras alarmantes de contagios por COVID-19. En segundo plano, la suspensión de las reglas fiscales plurianuales fue también algo negativo para la libertad, sobre todo en lo económico, ya que la justificación brindada fue la ocurrencia de los fenómenos climatológicos que azotaron el país durante 2020; ciertamente que la Ley de Responsabilidad Fiscal da espacio para este tipo de resoluciones, pero más allá debe también decirse que estos fenómenos naturales suceden con mucha frecuencia en Honduras y, por tanto, puede sentar un precedente para no ajustar oportunamente las cuentas fiscales a favor de la racionalidad del gasto
público y la eficiencia en los servicios públicos.

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Por el lado de las puntuaciones positivas, también se tuvo un comportamiento muy uniforme. El promedio de notas positivas fue de 4, con una desviación estándar de 1.4, sin datos atípicos. La medida más afortunada fue la Ley Electoral de Honduras (D. L. 35-2021), que introduce un marco normativo bastante avanzado para la realidad de la región centroamericana y que brinda una protección importante para el ejercicio de varias libertades políticas e individuales. A nivel conceptual, el efecto neutro de mayo de 2021 tiene doble cara: lo que se perdió en el plano económico se compensó por el lado político. Las libertades económicas retrocedieron durante mayo, siendo el subíndice de seguridad jurídica en la actividad empresarial el más afectado, prácticamente en la tercera parte de las medidas analizadas. Por su parte, las libertades políticas avanzaron en mayo, donde los índices de libertad de sufragio y de constituir/ingresar a partidos y movimientos políticos fueron los más beneficiados. Así la libertad en Honduras durante mayo de 2021.

Guatemala tuvo una calificación en el Libertómetro de –14.3% durante mayo, mostrando así un desempeño negativo en la defensa de las libertades.

Para el mes en cuestión se incluyen 13 medidas emitidas por los Órganos Legislativo y Ejecutivo. De estas, el 23.07% fueron positivas, 30.76% neutras y un 46.17% negativas. Cabe recalcar que el trabajo legislativo impactó a 2 de las 13 medidas evaluadas para mayo, destacando que ambas acciones tienen como finalidad el tratar de mejorar la dinámica productiva del país, así como incluir la tecnología en los procesos gubernamentales. Además, se percibe como ambos Órganos están “en sintonía”, generando una mejor articulación para que las actividades descritas en las leyes sean llevadas a cabo de manera más eficaz, aunque es de mencionar que esto no garantiza un uso eficiente de recursos.

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La calificación de las medidas negativas, seis en total, se comporta de manera uniforme. El promedio de estas evaluaciones fue de -1.66, con una desviación estándar de 0.51, sin datos atípicos. Dentro de las medidas catalogadas como negativas se encuentra la reforma realizada a la Ley de Zonas Francas, en las cuales se han incluido más actividades “prohibidas” que no pueden ser producidas ni comercializadas por ningún ente dentro de las zonas francas, y es curioso como los reguladores incluyen al sector de bebidas alcohólicas, agua mineral, bebidas gaseosas, cigarrillos, cemento y otra decena de sectores importantes para la economía.

Desde el punto de vista de las libertades, esto representaría un retroceso para los consumidores, quienes pierden opciones en el mercado, y algunas empresas aseguran ser protegidas por el Estado frente a otras que podrían ser mejor competencia. Por otra parte, se destacan medidas catalogadas como negativas emitidas por el Ejecutivo, como la constitución de usufructos a favor de la Asociación Bautista Kekchi de Desarrollo Cultural y de Ferrocarriles de Guatemala, de las cuales no se tiene conocimiento de la realización de un estudio técnico que indique que ambas instituciones sobresalieron por sobre otras para ser acreedoras de concesiones establecidas en lapsos de hasta cincuenta años; ¿qué hay del resto de instituciones que tienen la misma índole o finalidad que las beneficiadas? ¿No son igual de importantes para el Estado?

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La puntuación de las medidas positivas tuvo un comportamiento dentro de lo normal. El promedio de estas notas positivas fue de 1.33, con una desviación estándar de 0.57, sin datos atípicos. Es de recalcar que solamente tres medidas fueron catalogadas en este grupo, destacando la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos en donde se establecen nuevos mecanismos para poder modernizar los procesos estatales y migrarlos a mecanismos completamente tecnológicos, tales como el pago de tributaciones, renovaciones de licencias, entre otras, las cuales supondrían ahorros plasmables para los agentes económicos, abonando a una mejoría en el clima de inversiones (es totalmente atractivo), y aprovechando de mejor manera los fondos públicos.

La calificación negativa en el Libertómetro en mayo de 2021 tiene más implicaciones económicas, sobre lo individual y político, mostrando una nota promedio de -0.38, siendo la libertad empresarial y la libre competencia los subíndices que más impacto tuvieron en la calificación negativa de este pilar. Por otra parte, las libertades individuales muestran una calificación de -0.08, siendo la libertad de tránsito el subíndice que más impacta de manera negativa en esta sección de libertades, partiendo de las restricciones que Guatemala ha puesto a la libre movilidad producto de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, las cuales podrían llegar a afectar a personas que se desplazan por el territorio, aunque no estén infectadas por el virus. Finalmente, el pilar de libertades políticas se mantiene neutro durante todo mayo.

Así, Guatemala presenta un panorama no tan libre como pareciera, porque recordemos que muchas veces ciertas acciones pueden convertirse en fachadas impulsadas por un Estado que, más allá de perseguir la eficiencia, busque solamente incrementar su poder por sobre el resto de los agentes económicos, disminuyendo las libertades de todos los guatemaltecos. Algunos, a lo mejor, no se preocupen por el otorgamiento de usufructos o la concesión de permisos en zonas francas solo a ciertos agentes, pero llegado su momento, cabe la posibilidad que terminen diciendo: ¿por qué ellos si y yo no? Pero para ese momento ya sea demasiado tarde… ¡A defender la libertad se ha dicho!

El Salvador registró una calificación de -100% en el Libertómetro durante mayo de 2021, mostrando así un desempeño negativo en la defensa de las libertades.

El análisis de mayo incluye un total 21 medidas (19.2% menos que el mes anterior), todas con calificación negativa. Si bien es cierto que cuantitativamente el ritmo de trabajo legislativo aparenta ser menor con relación al último mes de la anterior legislatura, en términos cualitativos representa un mes nefasto con relación al Estado de Derecho y el equilibrio de las finanzas públicas. La tónica del primer mes de la mayoritaria y dominante “bancada cyan” se centró es desactivar las amenazas latentes para el Ejecutivo que pervivían en el sistema de frenos y contrapesos, antes de comenzar a aprobar sendos decretos relacionados con préstamos internacionales, así como leyes que blindaron actos de corrupción cometidos durante la pandemia por COVID-19.

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La calificación de las medidas se comportó de manera uniforme. La desviación estándar fue de 2, sin datos atípicos; comparado con las medidas negativas registradas en abril, las de mayo fueron 75.9% más perjudiciales y 32.5% más variables. Entre las medidas más negativas se puede mencionar el golpe de estado asestado desde el primer día de funciones de la nueva Asamblea Legislativa, a través de la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, así como la elección espuria de sus sustitutos; debe anotarse que la destitución en mención se realizó de forma express y sin un debido proceso, en el que los acusados tuvieran siquiera espacio de defenderse, como correspondería en un sistema de derecho. Asimismo, las personas electas para sustituir a los magistrados no formaban parte de las listas de candidatos que habían superado las etapas del proceso de elección de magistrados en su momento, enviando otra señal de incumplimiento del marco constitucional. Tan mala como este par de medidas legislativas resultó la aprobación de la Ley de Creación del Fideicomiso para la Soberanía Alimentaria y el Rescate del Sector Agropecuario. Esto es así, ya que se convierte en un nuevo episodio del populismo que salva empresas perdedoras a costa de esquilmar a las exitosas; bajo la premisa de la “soberanía alimentaria” (que suena bien cool) se esconden ansias de protección de amplios sectores clientelares, que históricamente han sido dependientes de la politiquería en El Salvador.  

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A nivel conceptual, el retroceso de mayo de 2021 tiene un matiz económico. Si bien los tres pilares de la metodología utilizada mostraron notas promedio negativas, el de libertades económicas obtuvo la más baja de todas, con una nota de -1.91;  el subíndice de seguridad jurídica en la actividad empresarial fue el más afectado durante mayo, impactado en el 85.7% de las medidas analizadas. Por su parte, las libertades individuales mostraron un promedio de -0.81, con el subíndice de igualdad ante la ley, presunción de inocencia y derecho al debido proceso como el más perjudicado, en el 52.4% de las medidas revisadas. Finalmente, el pilar de libertades políticas obtuvo un promedio de -0.71 durante mayo, siendo el subíndice más vulnerado el del derecho a fiscalizar la administración pública, defenestrado en un tercio de las medidas analizadas.

El ciclo legislativo 2021-2024 arranca confirmando los peores miedos previstos desde antes de su toma de posesión. Desde el día 1 de su período, se lucieron con un golpe de Estado. Como lo dijimos en abril, el Leviatán salvadoreño pasó de grado y ha comenzado a golpear a sus padres. Quizá el problema sea que la golpiza lleva de encuentro no solo a sus padres, sino que al resto de la sociedad salvadoreña. Se acerca el tiempo en que el dolor por decir un “te lo dije” será diametralmente menor en comparación al dolor por recibir un “te lo dije”. Hambre y selva acechan a El Salvador. Ojalá en nuestra próxima entrega nos toque decir que nos equivocamos.