image_pdfimage_print

María Isabel Bonilla, CIEN, Guatemala

Desde marzo del 2020 se hizo más patente la necesidad de contar con políticas públicas no sólo coherentes sino también coordinadas.  Mucho se ha dicho respecto a la situación precaria del sistema de salud guatemalteco, tanto por el número de hospitales, centros y puestos de salud en el territorio nacional, así como la escasez en cuanto a equipamiento adecuado, insumos, medicamentos y demás elementos necesarios para atender no solo los casos diarios y a los que se estaba acostumbrado el sistema, sino también a los afectados por la pandemia de la COVID-19.  Y qué decir de la falta de personal idóneo para atender adecuadamente los casos de la pandemia.

También te puede interesar: datos del mes

En un afán por contener y atender los casos por coronavirus, se aplicó en el país en varias oportunidades los estados de excepción de calamidad pública y de prevención, restringiendo los derechos de libre locomoción (tanto por horarios restringidos para el tránsito de personas y de cosas, límites entre territorios), libertad de reunión, libertad de trabajo (restricciones a libertades de locomoción, de reunión, impactaron negativamente en los horarios laborales, imposibilidad de llegar al centro de trabajo, imposibilidad de contratación o de despido, entre otros), y otras libertades.

Lo anterior también limitó el acceso a la educación, tanto pública como privada, desde el nivel preprimario hasta el universitario.  La restricción de movilidad, el aforo limitado en los distintos centros educativo, el aumento de casos positivos por el coronavirus, entre otras razones, forzaron en un inicio de la pandemia (marzo de 2020) a que la educación se impartiera de forma virtual, con todos los desafíos que la falta de infraestructura, de acceso a la conectividad y a la tecnología implicaron.

La educación formal se vio afectada no sólo en cuanto a la cobertura sino también en relación con la calidad, especialmente cuando sólo uno de cada dos niños asiste a preprimaria, ocho de cada diez están en la primaria, cuatro de cada diez asisten al ciclo básico y uno de cada cuatro está en diversificado. Las tasas de promoción en primaria y diversificado superan el 80%, pero en básico no. La repitencia es alta en primaria (9%), y supera el 20% en el primer grado. De los graduandos, uno de cada diez alcanza los niveles de logro en matemática y uno de cada tres los niveles de logro en lectura. A ello se suma que en el sector oficial no se garantiza la contratación de los mejores docentes (CIEN, “Ruta para el Desarrollo 2020-2024”, Guatemala 2019)

En febrero del año 2021 se inició el ciclo escolar bajo la modalidad semipresencial o escalonada, la modalidad híbrida o dual, según fuera el semáforo de contagios que se aplica a todo el país (según el riesgo de contagio por coronavirus así el semáforo indica si el municipio está en rojo, anaranjado, amarillo o verde).  Los centros educativos en municipios color anaranjado a verde tenían autorización para recibir a educadores y alumnos.  Sin embargo, a finales del mes de marzo y ante el aumento de casos, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ordenó la suspensión de clases en la modalidad presencial o híbrida. 

En abril se reformó el plan de vacunación nacional para combatir la COVID-19, incluyendo en la fase 2 a los docentes de los distintos niveles de educación. De contar con las vacunas, se iniciará con la tan ansiada vacunación, lo cual es un paso hacia la vuelta a clases presenciales en la medida de lo posible.  Diversos estudios a nivel mundial destacan el impacto negativo que el confinamiento extendido y la falta de educación presencial tendrá sobre los estudiantes.  Así como es importante coordinar las acciones en salud con las acciones para la recuperación económica, así de importante es también la coordinación con las acciones en materia de educación.  Las políticas públicas deben estar coordinadas, especialmente en el momento actual, en el que la vida presente y futura esta en juego.