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Elena Toledo, Fundación Eléutera, Honduras

En Honduras la función de poder legislativo reanudó a partir del 29 de abril después de verse interrumpida dado el reciente proceso Electoral Primario que se llevó a cabo el pasado 14 de marzo en el que se eligieron los candidatos de cada uno de los partidos mayoritario (Liberal, Nacional y LBRE) para la elección General del último domingo de diciembre. En la gesta participaron en promedio un 80% de los actuales diputados quienes buscan reelegirse para el periodo 2022-2026.

En la reanudación de las sesiones legislativas en modalidad virtual se ha priorizado la discusión de diferentes medidas en función de tomar más prestamos con Organismos de Financiamiento Internacional, lo que sigue engrosando la deuda externa de Honduras, misma que diversos sectores has denunciado que ya rebasa el 50% del PIB. Entre las medidas aprobadas misma que ha generado alertas es la intervención de los diferentes fondos de pensión privados y públicos, entre los que se encuentran el Instituto de Previsión del Magisterio IMPREMA, de los Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo y, las APP que manejan los banco privados. Diversos especialistas han comentado que puede ser una medida de distracción para bajar el descontento de la población por la inacción del Gobierno con relación a las acciones contra el COVI-19, hasta la fecha la vacunas contra el virus solo ha sido aplicada a un número muy reducido de la población.

El tema electoral sigue en el debate debido a que la nueva Ley Electoral no ha sido aprobada y esta, es hoy más que nunca, una necesidad dada las falencias en el reciente proceso primario, tema que en la cámara no es hasta al día de la redacción de este pequeño análisis, una prioridad a pesar que el llamado a alecciones generales deje ser según lo establece la Ley vigente 6 meses antes del día de las elecciones, es decir el próximo 27 de mayo. Por lo que surge la duda si la convocatoria será basada en la Ley vigente o bajo la nueva Ley que aún está en discusión. En el escenario en que la convocatoria se realice bajo la Ley vigente, y posterior a esta se aprobase la nueva Ley esto significaría un cambio de las reglas del juego, lo que pueda representar un problema en términos de legitimidad del proceso y, se estará dejando elementos que daría lugar a una impugnación del proceso electoral General de noviembre próximo.

En la actual coyuntura las diferentes fuerzas políticas que convergen en el legislativo no llegan a acuerdo para continuar con la discusión y aprobación de la nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, esto en detrimento de la social de los hondureños. Asimismo, el debate para tratar las consecuencias de la reciente crisis humanitaria de miles de hondureños buscando la llamada “sueño americano” derivada de la fasta de oportunidades con las que no cuenta los ciudadanos, sigue sin representar un interés en la clase política hondureña.

Como lo adelantamos en nuestra entrega del pasado mes de marzo, la coyuntura post electoral y la pérdida del movimiento liderado por el Presidente del Legislativo, quien corría para ganar la nominación a Presidente de la República, proceso que lo dejó como un presidente de un Poder del Estado con muy poco respaldo político, el segundo en esta situación después de la crisis política de 2009, se ha visto reflejado que en el reintegro de las sesiones legislativas el Dr. Mauricio Oliva Herrera, no ha estado presidiendo las reuniones de este Poder del Estado, misma que han estado a cargo del tercer Vice Presidentes de ese poder, el Abogado Mario Alonso Pérez López.