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El Salvador registró una calificación de -100% en el Libertómetro durante mayo de 2021, mostrando así un desempeño negativo en la defensa de las libertades.

El análisis de mayo incluye un total 21 medidas (19.2% menos que el mes anterior), todas con calificación negativa. Si bien es cierto que cuantitativamente el ritmo de trabajo legislativo aparenta ser menor con relación al último mes de la anterior legislatura, en términos cualitativos representa un mes nefasto con relación al Estado de Derecho y el equilibrio de las finanzas públicas. La tónica del primer mes de la mayoritaria y dominante “bancada cyan” se centró es desactivar las amenazas latentes para el Ejecutivo que pervivían en el sistema de frenos y contrapesos, antes de comenzar a aprobar sendos decretos relacionados con préstamos internacionales, así como leyes que blindaron actos de corrupción cometidos durante la pandemia por COVID-19.

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La calificación de las medidas se comportó de manera uniforme. La desviación estándar fue de 2, sin datos atípicos; comparado con las medidas negativas registradas en abril, las de mayo fueron 75.9% más perjudiciales y 32.5% más variables. Entre las medidas más negativas se puede mencionar el golpe de estado asestado desde el primer día de funciones de la nueva Asamblea Legislativa, a través de la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, así como la elección espuria de sus sustitutos; debe anotarse que la destitución en mención se realizó de forma express y sin un debido proceso, en el que los acusados tuvieran siquiera espacio de defenderse, como correspondería en un sistema de derecho. Asimismo, las personas electas para sustituir a los magistrados no formaban parte de las listas de candidatos que habían superado las etapas del proceso de elección de magistrados en su momento, enviando otra señal de incumplimiento del marco constitucional. Tan mala como este par de medidas legislativas resultó la aprobación de la Ley de Creación del Fideicomiso para la Soberanía Alimentaria y el Rescate del Sector Agropecuario. Esto es así, ya que se convierte en un nuevo episodio del populismo que salva empresas perdedoras a costa de esquilmar a las exitosas; bajo la premisa de la “soberanía alimentaria” (que suena bien cool) se esconden ansias de protección de amplios sectores clientelares, que históricamente han sido dependientes de la politiquería en El Salvador.  

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A nivel conceptual, el retroceso de mayo de 2021 tiene un matiz económico. Si bien los tres pilares de la metodología utilizada mostraron notas promedio negativas, el de libertades económicas obtuvo la más baja de todas, con una nota de -1.91;  el subíndice de seguridad jurídica en la actividad empresarial fue el más afectado durante mayo, impactado en el 85.7% de las medidas analizadas. Por su parte, las libertades individuales mostraron un promedio de -0.81, con el subíndice de igualdad ante la ley, presunción de inocencia y derecho al debido proceso como el más perjudicado, en el 52.4% de las medidas revisadas. Finalmente, el pilar de libertades políticas obtuvo un promedio de -0.71 durante mayo, siendo el subíndice más vulnerado el del derecho a fiscalizar la administración pública, defenestrado en un tercio de las medidas analizadas.

El ciclo legislativo 2021-2024 arranca confirmando los peores miedos previstos desde antes de su toma de posesión. Desde el día 1 de su período, se lucieron con un golpe de Estado. Como lo dijimos en abril, el Leviatán salvadoreño pasó de grado y ha comenzado a golpear a sus padres. Quizá el problema sea que la golpiza lleva de encuentro no solo a sus padres, sino que al resto de la sociedad salvadoreña. Se acerca el tiempo en que el dolor por decir un “te lo dije” será diametralmente menor en comparación al dolor por recibir un “te lo dije”. Hambre y selva acechan a El Salvador. Ojalá en nuestra próxima entrega nos toque decir que nos equivocamos.