Por María Isabel Bonilla, CIEN (Guatemala)
Se cumplieron seis meses de la declaratoria de la epidemia del covid-19 en Guatemala y del consiguiente estado de calamidad en todo el territorio nacional. La calamidad pública trajo aparejada la limitación de derechos humanos reconocidos, tales como la libertad de locomoción, de manifestación y de trabajo. También afectó el derecho al acceso a la justicia, al limitarse el trabajo de los tribunales de justicia, y a la seguridad jurídica, dado las limitaciones a derechos constitucionales y al constante cambio de medidas que se tomaron desde la administración central del gobierno, y que afectaron la toma de decisiones personales y empresariales.
A finales del mes de septiembre habían cerca de 90,000 infectados, de los cuales aproximadamente 3,000 habían muerto. Se aprobaron 10 programas sociales para paliar los efectos del covid-19: créditos para empresas, apoyo a la economía informal, suspensión de contratos laborales o aplicación al fondo de protección del empleo, bono a familias, cajas de víveres, subsidio a la energía eléctrica, entre otros. Estos estímulos económicos sumaron cerca de Q.13 mil millones provenientes de readecuaciones en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, así como de deuda aprobada por el Congreso de la República. Pero a la fecha no todos se han ejecutado en un 100% y se desconoce la cifra exacta de beneficiarios.
A seis meses de declarada la epidemia en el país, y luego de anunciarse el fin del estado de calamidad, pero no así el fin de la epidemia, poco se ha avanzado en la agenda legislativa pensada para estimular la economía nacional. Aun cuando ha sido evidente que el sistema de gestión pública y que la institucionalidad del país requería con urgencia de una transformación para acercarla a los ciudadanos y hacerla eficiente, son pocos los cambios impulsados para introducir más tecnología, y se desconoce si existe una agenda para transformar procesos y eliminar burocracia innecesaria. Lo anterior se refleja en la propuesta de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2021, en el que mayormente se presupuestan recursos para el funcionamiento (sueldos, salarios) y en un bajo porcentaje se presupuestan fondos para la inversión, la innovación, la modernización. Nada nuevo. Y los resultados están a la vista: sistemas de salud mediocres, educación pública atrasada, ausencia de infraestructura adecuada para la producción, sistema de justicia débil y poco creíble, entre otros.
Al terminar el estado de calamidad pública es necesario hacer una evaluación de los costos/beneficios que dicha declaración y acciones derivadas trajeron para el país en el contexto de la pandemia. No sería lógica la “nueva normalidad” si no hubo cambios estructurales en la administración pública, en la administración de justicia, en la institucionalidad del país. La epidemia del coronavirus continuará hasta que se pueda aplicar una vacuna. Pero la epidemia del modelo de administración pública del siglo pasado que favorece la burocracia y la mediocridad puede y debe detenerse ya. Se necesita voluntad política y actuar con transparencia para enfrentarla y cambiarla.