Asdrúbal Vargas, Instituto AMAGI: Costa Rica
La generación de política pública en Costa Rica se caracteriza por dividir la agenda legislativa entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Siendo este último de quien se espera en un régimen presidencialista un mayor liderazgo en definir el norte político, social y económico del país desde la legislación.
Arraigado en el principio de división de poderes y control político entre los pilares del Estado, esto implica que en la práctica, el trámite legislativo y la definición de las prioridades pasa de un período a otro de las manos de la Asamblea Legislativa al Poder Ejecutivo. En momento de pandemia y de altísima expectativa social frente a soluciones concretas a una crisis tan cruda y explícita para tantos sectores a este punto.
Del 1.º al 31 de agosto, el Poder Ejecutivo cuenta con el poder de navegar de mejor manera la polarización política que hay en la Asamblea Legislativa, definiendo la agenda legislativa. Como lo analizamos desde el artículo pasado, no sería posible imaginar una agenda que no contemple como eje central una estrategia agresiva y focalizada en sectores para la reactivación económica.
Si bien se presentaron algunas iniciativas en esa dirección, lo cierto es que cada vez queda en mayor evidencia la falta de articulación de prioridades dentro de una agenda cohesiva de políticas públicas para dicha reactivación. La lista original de la Presidencia de la República contemplaba 27 proyectos de ley que serían analizados en este período.
La agenda la encabezan los proyectos de Ley de Recurso Hídrico, seguida de la reforma al Código de Trabajo para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales; el fortalecimiento de la inspección laboral y la ley que modificará las reglas del juego para el retiro del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias; junto a la nueva Ley de Empleo Público que fueron analizados en la entrega previa del Liberobarómetro de Costa Rica.
Además, destacaban en la lista la ley para cerrar Fonabe, la ley que dará más recursos a la Cruz Roja Costarricense, la nueva Ley de Contratación Pública, la reforma al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) y dos contratos de préstamo: uno para desarrollar infraestructura vial y otro para financiar el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia.
También se incluyó el préstamo para la modernización del Ministerio de Hacienda, el crédito con el Fondo Monetario Internacional, la ley para crear el Día Nacional de las Garantías Sociales y la ley de reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). ¿Cómo fue definida la agenda? En lo que el presidente de la República denominó como un acuerdo multipartidario con seis de las bancadas legislativas representadas en la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, la potestad que tiene hoy el Poder Ejecutivo lo faculta también a despriorizar. La desconvocatoria de proyectos como el que pretende regular a las plataformas de movilidad colaborativa en el país fue removida luego de que los taxistas nuevamente anunciaran presiones a Casa Presidencial apadrinados por el ministro de Transportes, posponiendo así nuevamente una discusión que por años se ha visto comprometida por el cálculo político y la presión sectorial.
En momentos donde el desempleo alcanzó la histórica cifra para el país del 24%, según cifras del INEC, la despriorización de un proyecto de ley que busca reconocer dentro del marco legal nacional una fuente de ingresos para decenas de miles de familias costarricenses no solo es incongruente con la realidad del país, sino además reprochable. A esto hay que sumarle el paso del escepticismo hacia la crítica ciudadana de la arbitrariedad con respecto a las cuales el gobierno ha definido las medidas de circulación, las cuales no solo han violentado la libertad de tránsito en vehículos particulares, sino que ha insistido en perseguir servicios como Uber y Didi con el objetivo de fomentar el uso del transporte público, provocando altas aglomeraciones en paradas que apuntan a que el problema que se provoca es mucho más grave que el que se pretendía resolver.
Por otro lado, las medidas tomadas por el gobierno para el mes de agosto generaron críticas de parte de la comunidad empresarial del país y la ciudadanía, quienes cuestionaron la falta de criterio técnico para la limitación a las actividades comerciales y de tránsito, así como una erosión de la credibilidad en las cifras aportadas por el gobierno que terminaron en que la Sala Constitucional le ordenara al Ejecutivo a brindar mayor transparencia en los datos compartidos en las ruedas de prensa.
Esto no debe de minimizar el impacto que el covid-19 tenga en la vida en sociedad ni mucho menos hacer eco de esas teorías de conspiración que grupos muy pequeños han buscado promover en el país de forma poco veraz y tendenciosa. Pero desde el punto de vista de la gestión política, es innegable que el mes de agosto se ha visto marcado por una clara erosión del capital político del Ejecutivo, que ha afectado su credibilidad frente al gobierno, viendo retadas sus medidas por parte de alcaldes que exigían en algunos casos mayor rigurosidad técnica y, en otros, meramente un reto abierto a la hoja de ruta planteada por el gobierno a través de llamados a la desobediencia ciudadana.
Eso no es menor a nivel de política pública, porque ha provocado un ámbito de descontento ciudadano que se traduce en una agenda muy heterogénea de demandas ciudadanas de parte de sectores que se sienten desprotegidos o poco escuchados. Algunos de ellos han logrado obtener eco de sus demandas a través de diputados de oposición que han formulado proyectos como los de atención al sector turismo y construcción debido a la emergencia nacional por covid-19, mediante la moratoria del cobro del IVA y otros beneficios para la reactivación económica sectorial. Si bien son proyectos en la dirección correcta, lo cierto es que no son resultado de una hoja de ruta clara dentro de un período de sesiones extraordinarias poco extraordinarias.