Por: Asdrúbal Vargas, amagi
Costa Rica
Durante los últimos meses hemos venido insistiendo sobre la necesidad de que el poder ejecutivo asuma la batuta en tema que cerró con gran expectativa durante el año 2020: la necesidad de una agenda concreta, tangible y accesible de reactivación económica que contemple todos los sectores sociales que el día de hoy se ven afectados por el desempleo, la desaceleración económica y la necesidad de nuevas fuentes de ingreso
Marzo fue el mes en el que el gobierno tuvo la batuta de liderar la agenda legislativa, una tarea con la que ya ha defraudado en meses anteriores cuando ha tenido la posibilidad de dirigir la agenda de temas del primer poder de la república. Este mes, un grupo importante de diputados de oposición señalaron estar disconformes con el énfasis económico de la agenda del gobierno, la cual afirmaron haber estado únicamente enfocada en el tema tributario y sobre la discusión del tema de empleo público, que dicho sea de paso, es una reforma que ha dado mucho de qué hablar, ya que no se han dado los recortes necesarios del estado para poder contrarrestar parte del déficit fiscal que el país necesita en estos momentos.
Ávila (2021), expone para El Financiero que otra de las razones por las cuales los diputados han demostrado disconformidad, es el trámite burocrático que se propone para la fiscalización de la Ley de Empleo Público, en específico, menciona que la incomodidad yace en que:
“Días atrás se aprobó un cambio para que las instituciones que se consideran autónomas tuvieran una coparticipación en la creación de la escala salarial del salario global. Esa enmienda le da una gran potestad a esas entidades y sin la participación de ellas, tanto Mideplan como Servicio Civil, no podrían tomar una decisión en la determinación de la escala salarial..”
El cálculo político que algunos partidos de oposición han comenzado a realizar es otra de las razones que, aunado a los argumentos anteriores, han frenado el proceso de ejecución de la Ley de Empleo Público. Apoyar o no la propuesta se ha convertido este último mes, en algo más oportunista que otra cosa, dejando por lado la verdadera necesidad de recorte presupuestario en el ámbito salarial del estado.
Por otro lado, la crítica sobre la agenda de reactivación también ha sido centro de esfuerzos de parte de los diputados, quienes mencionan que: “(…) el Gobierno aún tiene extraviada la burbuja en esta materia (reactivación económica), no solo en lo que corresponde al trámite de los proyectos de ley, sino, también las acciones que el Poder Ejecutivo puede actuar sin depender del Parlamento.” (Ruiz, 2021)
Hasta cierto punto, los diputados de oposición no estaban tan lejos de la realidad en criticar la falta de rumbo de parte del Gobierno. La agenda agenda legislativa fue bastante endeble en temas económicos. A continuación realizamos un breve resumen de los proyectos del mes de Marzo.
Comenzando con la Ley de Digitalización del Cobro Judicial, una ley positiva dentro del marco de la necesidad de digitalización que existe en la actualidad. Esta ley viene a impactar de manera positiva, o al menos debería de ser así, la eficiencia en los sistemas de cobro judicial.
Por otro lado, se discutió la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejido Humano, una ley que abre la posibilidad de la desburocratización de las donaciones de órganos, con la esperanza de la reducción de las listas de espera en operaciones de ojos, ya que es en esta rama en específico que se hicieron alteraciones importantes. Esto, evidentemente, es una ganancia para las libertades de los individuos, y un impacto positivo a la calidad de vida de los ciudadanos que necesitan de estas donaciones.
También fue aprobado un préstamo entre el BCIE y el Gobierno, con el fin de financiar programas de seguridad comunitaria y prevención. Podríamos considerarlo un préstamo innecesario para un buen fin, pero que lastimosamente la historia nos ha demostrado que estos programas sociales han sido mal ejecutados, demostrando poco o nulos resultados positivos, por lo tanto, vemos un endeudamiento más de parte del Gobierno, que si la historia se repite, no generará ninguna externalidad positiva.
Este mes también fue discutida la Ley de Movilidad Peatonal, facultando a las Municipalidades y al MOPT la construcción de aceras y su respectivo cobro. La regulación sobre los espacios espacios urbanos, en especial sobre las aceras en el país, es una deuda histórica, en particular para garantizar la accesibilidad de manera segura a todos los individuos, no obstante, esta ley le permite a estas entidades poseer un margen de ganancia, lo que evidentemente culminará en el cobro precios arriba del mercado y hasta cierto punto obligar a los ciudadanos a adquirir el servicio estatal sin otras opciones.
Así mismo, fueron discutidos tres proyectos más: la Ley 21 990 –Impulso Marinas Turísticas-, la Ley Penalización Violencia contra la Mujer, y el Convenio Marco Cooperación Bilateral Costa Rica Honduras.
En estos tres proyectos identificamos posiciones encontradas respecto a las implicaciones que estos puedan tener sobre las libertades de los individuos. Por un lado, el Impulso Marinas Turísticas viene a fomentar el turismo marítimo de recreación, un punto positivo ya que este es un mercado creciente, por lo que podríamos considerar que hubo una buena lectura sobre las necesidades del desarrollo comercial del turismo.
El desarrollo de Ley Penalización Violencia contra la Mujer, es un punto positivo, ya que es bien sabido que las libertades de las mujeres son altamente ultrajadas en la sociedad. Es sumamente necesaria una ley que brinde y garantice la libertad de un grupo al que históricamente le tenemos una deuda de respeto e inclusión.
Por último, el Convenio Marco Cooperación con Honduras no es más que la finalización de un esfuerzo que comenzó en el 2011. Un acuerdo que es posible que haya perdido su fin durante tantos años, y que más que aspectos diplomáticos, no viene a representar algún valor real.
Es evidente que, sin menospreciar algunos proyectos con gran impacto social (en el marco de las libertades sociales, individuales, etc.) observamos nuevamente un vacío en temas de reactivación económica.
Para cerrar con broche de oro, pareciera ser que los caminos de parte del sector privado para conversar con el gobierno se estrechan cada vez más. Si bien es cierto, ya existían muchos cuestionamientos de parte de todos los sectores del país sobre el rol de las conexiones con el sector privado, de la mano del ministro André Garnier, no obstante, es innegable que fue la principal voz de conexión.
Ahora, con la salida de este ministro, se genera preocupación e incertidumbre, ya que hay una evidente carencia en otros espacios, donde se supone que por su naturaleza deberían de liderar estas conversaciones, por ejemplo, el ministerio de economía. André Garnier representaba la única vía de comunicación, pese a sus cuestionamientos, la cual hoy está ausente. Esto evidencia la constante separación entre el sector privado y el sector público.
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