Profundización autocrática y bomba monetaria laceran aún más la libertad durante junio
El Salvador registró una calificación de -89.6% en el Libertómetro durante junio de 2021, completando así un segundo trimestre del año con desempeño negativo en la defensa de las libertades.
El análisis de junio incluye un total de medidas sin precedentes para un solo mes desde el inicio de esta medición, 50 (138.1%% más que el mes anterior). De estas, el 90% obtuvo una calificación negativa, 6% fueron neutras y 4% positivas. La tendencia degradante de la división de poderes procedió a modificar la composición de los Consejos Directivos de instituciones autónomas, a través de artificios de ley que bloquean la veeduría ciudadana y facilitan la opacidad en la gestión pública. Asimismo, el cierre del segundo semestre del año se ve marcado por la aprobación de la polémica Ley Bitcoin, que busca modificar sustancialmente uno de los últimos resquicios de libertad económica de los que presumía El Salvador, como es la sanidad de su moneda (ver “Índice de Libertad Económica 2020, The Fraser Institute, pilar 3, El Salvador).
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La aprobación de la Ley Bitcoin fue la medida más negativa aprobada en junio. Su calificación de -7 fue estadísticamente atípica, ya que el promedio general de las medidas negativas fue de -2.11. Esta otorga a la criptomoneda curso legal en El Salvador; quizá el más dañino elemento de la ley es su artículo 7, que obliga a todo agente económico a aceptar pagos en bitcoin, convirtiéndose esto en una amenaza a los derechos de propiedad y manda una señal de inseguridad a los mercados internacionales. Connotados economistas internacionales han calificado la medida como una “estupidez” y otros incluso detectan la nefasta puerta que esta abre para blindar el crecimiento patrimonial mal habido de la argolla del poder en el ejecutivo. La medida entrará en vigencia durante septiembre de 2021, a esperas del reglamento especial que elaborarán el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia del Sistema Financiero y otras instituciones involucradas. Otra medida negativa fue la derogatoria de la obligación de que la Asamblea Legislativa aprobara las modificaciones en la reserva de liquidez del sistema financiero, quitando así la obligación de exponer públicamente el razonamiento para tales cambios y enviando con ello otra señal preocupante para los inversionistas. Finalmente, el golpe de estado del 1 de mayo se consolidó con la designación del magistrado Óscar López Jerez como presidente de la Corte Suprema de Justicia, trasladándolo hacia la Sala de lo Constitucional en clara violación a la carta magna y la independencia judicial; en el mismo tenor, la Asamblea Legislativa eligió a otros 5 magistrados sin la suficiente deliberación de los motivos de su escogitación y limitándose a buscar coincidencias para votar, sin decir la violación a la Constitución que implica haber elegido ya en la misma legislatura a casi 2/3 de la CSJ cuando el ordenamiento constitucional le permite únicamente elegir 1/3.
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La puntuación de las 2 medidas positivas tuvo un comportamiento bastante uniforme. El promedio de notas positivas fue de 1.5, con una desviación estándar de 0.71, sin datos atípicos; respecto de mayo, debe decirse que en junio, al menos, hubo algunas positivas. Destaca la aprobación de un decreto transitorio para habilitar que las Juntas y Asambleas de las personas jurídicas se puedan celebrar a través de medios digitales como videoconferencias u otros, lo cual impacta positivamente en la libertad de asociación. También se debe mencionar la aprobación de la Ley Especial Transitoria para la Regulación de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, que establece reglas claras para un mejor ejercicio del derecho a la propiedad privada.
A nivel conceptual, el retroceso de junio de 2021 tiene un matiz económico. Dos de los tres pilares de la metodología utilizada mostraron notas promedio negativas, siendo la más baja la de libertades económicas, con una nota de -1.24. El subíndice que más empeoró en el mes fue el aprovechamiento racional de los fondos públicos, que bajó en el 66% de las medidas analizadas. Por su parte, las libertades políticas mostraron un promedio de -0.6, con el subíndice de respeto al sistema republicano, democrático y representativo como el más perjudicado, en el 52% de las medidas analizadas. Finalmente, el pilar de libertades individuales se mantuvo neutro en junio, ya que la mejoría en la libertad de asociación fue contenida por una degradación de la libertad de testamentación y contratación.