Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, declaró ayer estado de sitio en el municipio indígena de El Estor, ubicado al noreste del país. La medida estará vigente por un periodo de 30 días. Con ella se limitará el derecho de manifestación y se permitirá a las fuerzas de seguridad efectuar capturas sin orden judicial, entre otras restricciones constitucionales, detalló el gobierno.
“En el municipio de El Estor (…) diversos habitantes y grupos armados han efectuado una serie de acciones que encuadran en indicios fundados de actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad», indica parte del decreto.
“El estado de sitio se establece al considerar y determinar que (…) en El Estor (…) se han realizado acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes», agregó el gobierno de Guatemala.
El estado de sitio en el referido municipio se estableció un día después de que la Policía disolvió una protesta contra la minera suiza Solway Investment Group. La acción causó un saldo de cuatro agentes heridos de bala en las piernas, según el informe policial.
El sábado, elementos policiales despejaron una carretera en la cual un grupo de indígenas permanecía apostado desde el pasado 4 de octubre en medida de resistencia y denuncia contra la Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la firma suiza.
Las personas se mantenían en la zona denunciando que la empresa sigue ejecutando operaciones a pesar de que la justicia ordenó que fueran suspendidas mientras el gobierno realiza una consulta comunitaria.
En junio del año pasado, la Corte de Constitucionalidad suspendió las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel, que iniciaron en 2014. La decisión se tomó luego de acoger el reclamo de las comunidades indígenas, las cuales denunciaron no haber sido consultadas sobre la explotación de minerales en sus tierras.
Al respecto, la Corte indicó que el gobierno obvió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre consulta previa, libre e informada a los pueblos locales. Asimismo, dictaminó que se incumplió con un estudio de impacto ambiental de la zona, por lo que ordenó efectuar el referendo comunitario.
El estado de sitio debe ser ratificado por el Congreso para no perder vigencia.