Desde el arranque de la actual legislatura, el trabajo de la Asamblea Legislativa y su dinámica con el Ejecutivo dejó claro el rumbo que se tomaría. Y es algo que no ha variado. El mensaje es claro: “dar gobernabilidad a la presidencia de Nayib Bukele”.
Empero, en todos estos meses, y como reportan medios de comunicación salvadoreños, las leyes que se aprueban en el Salón Azul en su gran mayoría no son propuestas por los diputados, sino que son enviadas desde Casa Presidencial. Y como se observa plenaria tras plenaria, muchas de las iniciativas de ley han sido aprobadas tras poca o nula discusión, o en todo caso, con dispensa de trámite.
Y a lo largo de los meses previos, el análisis realizado por el Libertómetro ha arrojado calificaciones en su mayoría negativas para las normativas avaladas por los parlamentarios. El tercer mes de este año no ha sido la excepción.
Para el mes de marzo se evaluaron 6 decretos que fueron aprobados por los diputados. Tras efectuar el análisis de su contenido, el puntaje de todas refleja una calificación negativa. Y entrados en un año preelectoral, los caminos del populismo, desigualdad ante la ley con fines electorales y la apertura de espacios a la corrupción han asomado en las leyes avaladas.
Dos piezas de correspondencia avaladas al inicio del mes estaban referidas a facilitar la obtención de la certificación de partida de nacimiento para obtener el DUI por primera vez tanto a jóvenes en El Salvador como a los que están fuera del país. En estos casos, ambas obtuvieron una nota de -1, pues consideramos que representa desigualdad ante la ley, dado que exonera el pago de impuestos por el beneficio político que puede significar que jóvenes voten.
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Los siguientes dos análisis están vinculados a la Dirección de Obras Municipales (DOM). En el primer caso se aprobaron medidas para ampliar las competencias y capacidades financieras de la DOM a fin de que pueda cumplir con su objetivo de ser la autoridad del Estado responsable de ejecutar proyectos de inversión. Esta medida obtuvo una puntuación de -2, pues el análisis indica que es contraproducente porque se vuelve en un costo adicional para el Estado; además de que se salta procesos, violando la existencia de un Estado con pesos y contrapesos.
El siguiente decreto estableció reformas a la Ley de Compras Públicas para permitir la participación de la Dirección Nacional de Obras Municipales como oferente de las compras públicas cuando esta tenga participación accionaria en una sociedad anónima de capital variable. Ante la clara posibilidad de que se abra una puerta para la corrupción, la evaluación fue de -1 la irrespetar las Libertades Económicas.
El siguiente decreto analizado estableció la entrega de una retribución adicional mensual al personal del Ministerio de Salud. Su puntuación fue de -1 pues es una medida populista que desaprovecha los fondos del Estado, otorgando retribución extra por jornadas nocturnas.
La última medida analizada en este mes fue la aprobación de la Ley de Creación de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador. Esta es una entidad adscrita al Ministerio de Turismo, la cual será la responsable de calificar, aprobar y supervisar los proyectos y obras del Centro Histórico.
Con esta aprobación y creación de una autoridad del Centro Histórico se evidencia al gobierno tomando decisiones, hasta las más sencillas, de forma política- electoral. Además de crear un aparato adicional que cuesta más dinero a los ciudadanos. Razón por la que recibió una calificación de -1.