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En la comunidad Las Tapias, en el municipio de San Marcos de Colón, los pobladores han expresado su preocupación por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Los lugareños han externado a agencias internacionales su temor desde que comenzaron a edificar hileras de invernaderos desde principios de este año.

Añaden que no fue sino hasta junio que se les comunicó que la zona donde habitan forma parte de las ZEDE. Sobre este punto, el presidente Juan Orlando Hernández señaló que el proyecto, perteneciente a la empresa Agroalpha, será “el más grande de su tipo en Centroamérica”.

El mandatario expuso que creará más de 4,500 empleos en Las Tapias. De acuerdo a los habitantes de Las Tapias, las oportunidades laborales son bien recibidas, pero temen perder sus tierras.

Las ZEDE fueron autorizadas por el Congreso de Honduras en el 2013, cuando Juan Orlando Hernández era el presidente del organismo. Entre las características de estas zonas de empleo y desarrollo están la exención de impuestos a las importaciones y exportaciones.

Además, están habilitadas para establecer sus propias formas internas de gobierno. Así como sus tribunales, fuerzas de seguridad, escuelas e incluso sistemas de seguridad social. Agregado a ello, de contar con puertos marítimos y aéreos, son administrados por ellos.

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) han sido punto de debate entre quienes apoyan la normativa y quienes no están a favor. Los detractores de las zonas manifiestan que crean un “Estado dentro de un Estado”. Lo que a su criterio socava la soberanía del país.

Esto pese a que la ley establece que las ZEDE están obligadas a acatar la mayor parte de los principios constitucionales de Honduras, además de los acuerdos internacionales de derechos humanos.

Por el contrario, los que están a favor de la normativa señalan que las ZEDE atraerán la suficiente inversión para que el ingreso per cápita de Honduras pueda multiplicarse en el lapso de unas décadas.

La medida, estancada por algunos años, ha tomado un nuevo impulso por parte del presidente Juan Orlando Hernández. Además, la Corte Suprema eliminó las impugnaciones judiciales contra la ley.

Al respecto, representantes de las Naciones Unidas en Honduras han advertido que las ZEDE podrían “implicar serios riesgos al cumplimiento de la obligación general del Estado de Honduras de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos” de los habitantes.