La Ley de Agentes Extranjeros presentada por el gobierno de El Salvador sigue generando rechazo de parte de las organizaciones de la sociedad civil. Desde su entrega en la Asamblea Legislativa, a cargo del ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, diversos sectores han advertido que el proyecto puede vulnerar “la libertad de asociación y de expresión».
El documento fue enviado a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea, misma que el pasado 16 de noviembre generó un dictamen favorable. En esencia, de acuerdo a las autoridades, el objetivo de la medida es que «los ciudadanos conozcan los agentes extranjeros destinados a influir en la opinión pública».
Asimismo, esta propone un impuesto del 40 % sobre “cada transacción financiera, desembolsos, transferencias”, incluidas las donaciones, que reciban del exterior las organizaciones consideradas agentes extranjeros. Además, prohíbe actividades consideradas que atenten contra la estabilidad política o el orden público, para lo que establece penas que van de los tres a los cinco años.
El presidente del Legislativo, diputado Ernesto Castro, aseguró que la Ley de Agentes Extranjeros no será aprobada por el pleno hasta llegar a un consenso con el cuerpo diplomático y la “verdadera sociedad civil”.
Al respecto, diversos representantes de la sociedad civil salvadoreña han externado su rechazo a participar en reuniones sobre modificaciones a la Ley de Agentes Extranjeros o a la modificación del dictamen que ha sido detenido en la Asamblea.
Por ejemplo, Xenia Hernández, de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), señala que no aceptarán modificaciones o nuevas versiones de la normativa. Explicó que su postura no tiene nada que ver con enmendar lo aprobado en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores. Hernández recalca que la exigencia es que no se apruebe una ley que pretende callar la crítica y obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
Similar postura externó Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana. Escobar fue enfático en señalar que las organizaciones no aceptan una modificación, reforma o la creación de una nueva normativa.
El director de Acción Ciudadana añade que la solicitud al Ejecutivo va encaminada a que se deseche el proyecto. Señala que lo que se esperaría es que el dictamen fuese enviado a archivo y no fuera promovido nuevamente.
Sobre este tema, diversas ONG expusieron semanas atrás que la Ley de Agentes Extranjeros afectará a las “personas beneficiarias o destinatarias del trabajo que las entidades sin fines de lucro realizamos con fondos de la cooperación solidaria».