Durante su participación en una entrevista televisiva, el asesor jurídico de la Presidencia de El Salvador, Javier Argueta, instó a los funcionarios del gabinete señalados por actos de corrupción que “actúen” contra quienes dañen su honor realizando investigaciones o publicaciones sobre las sanciones impuestas por los Estados Unidos.
Argueta hizo referencia a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra la jefa de gabinete, Carolina Recinos; el director de Centros Penales, Osiris Luna; y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín.
Los documentos difundidos por las autoridades norteamericanas señalan a Luna y Marroquín como operadores del pacto entre el gobierno de Nayib Bukele con las pandillas MS-13 y Barrio 18. En el caso de Carolina Recinos, ha sido sancionada por comandar un esquema de corrupción durante la pandemia.
“Yo recomendaría a los funcionarios de gobierno que ejerzan acciones correspondientes, posiblemente no contra un país, pero posiblemente sí contra quien lo escribe, porque tenemos leyes que protegen el honor», expuso en la entrevista.
El asesor jurídico de Presidencia agregó que el gobierno estadounidense “dañó el honor” de los funcionarios sancionados. Por tanto, los instó a analizar si se tomarán acciones internacionales o en tribunales en los Estados Unidos ya que se vulneró “su derecho de audiencia y defensa”.
Argueta recalcó que la recomendación también abarca a las personas que escriben en El Salvador sobre estos señalamientos, incluso si las fuentes son del gobierno de los Estados Unidos.
“Jamás va a haber protección ni de libertad de expresión ni de libertad de información cuando se daña el honor», añadió Argueta.
“Ahora es delito señalar la corrupción. No sorprende. Un gobierno corrupto que tiene todos los poderes bajo su control, prefiere silenciar o culpar a otros antes que investigarse a sí mismo”, colocó en sus redes sociales la diputada Anabel Belloso.
Consultado sobre si los funcionarios serán separados de sus cargos, Argueta aseguró que no, ya que estos son “señalamientos” del gobierno de Estados Unidos. Agregó que en caso se inicie un proceso penal contra ellos “habría que ver”, y que si las autoridades norteamericanas presentan pruebas, el proceso se desarrollará allá.