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En declaraciones a medios internacionales, Xiomara Castro, quien asumirá la presidencia de Honduras el próximo 27 de enero de 2022, indicó que pedirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el envío de una misión que apoye a la lucha contra la corrupción. Asimismo, dijo que solicitará al Congreso hondureño la derogación de las «leyes de la impunidad».

Castro, de 62 años, y que se convertirá en la primera mujer que gobernará Honduras, manifestó que buscará eliminar las normas que «han encubierto toda la corrupción» durante los últimos años. Lo anterior en alusión al gobierno de su antecesor, Juan Orlando Hernández.

Hernández ha estado al frente del gobierno durante dos períodos. En su segundo mandato fue cuestionado por un posible fraude en los comicios.  Además, el aún presidente hondureño tiene señalamientos de narcotráfico en los Estados Unidos.

Sobre este punto, Juan Orlando Hernández es considerado por fiscales de Nueva York como “co-conspirador» del delito de narcotráfico. Mismo por el que su hermano, Antonio «Tony» Hernández, cumple cadena perpetua en una cárcel estadounidense.

De acuerdo a Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación, Honduras «necesita el corazón de una mujer para gobernar este país, de una madre que sienta las necesidades que el pueblo tiene».

Acercamientos con la ONU

Castro ha confirmado que existen acercamientos con las Naciones Unidas para lograr la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). De acuerdo con la futura presidenta, esto ayudará a combatir la corrupción en el país centroamericano.

Esta no sería la primera vez que Honduras cuente con una instancia similar. En 2016, luego de los cuestionamientos a Hernández, y su aceptación sobre el hecho que parte del dinero para su campaña provino de fondos públicos, la nación recibió una Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH). Esta entidad era auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA). Empero, abandonó el país en enero del año pasado debido a desacuerdos.

Sobre las iniciativas que enviaría al Congreso, menciona que buscará lograr la derogación de las leyes que “han sostenido la dictadura”. Señaló la «ley de secretos» que permite clasificar la información sobre compras estatales y la reforma al Código Penal con la cual se disminuyeron las penas por lavado de activos.