La Asamblea Legislativa recibió la semana pasada una iniciativa para reformar la Ley de Telecomunicaciones. La medida, enviada al Congreso por medio de la ministra de Economía, señala que el objetivo es desarrollar con “mayor precisión y claridad aspectos procedimentales de otorgamiento de concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico y de las renovaciones de estas”.

Añade que por medio de ellas se armonizarían las disposiciones de dichos procedimientos, delimitando “de forma clara e inequívoca el plazo de inoperatividad del espectro radioeléctrico para aplicar una causal de renovación de la concesión”. El anteproyecto entregado a la Asamblea consta de al menos 17 enmiendas a la normativa y ha sido enviada a estudio al seno de la Comisión de Economía.

Al respecto, diputados de oposición han manifestado su cautela ante la iniciativa gubernamental. Señalan que la preocupación en torno a la normativa se basa en los antecedentes de otras leyes aprobadas y que consideran han estado encaminadas al detrimento de la democracia.

Precisamente sobre ese punto, Claudia Ortiz, diputada del partido VAMOS, dijo que espera que esta clase de reformas no se encaminen a buscar “controlar aún más los espacios que permitan la discusión de pensamiento político y la crítica”.

Añadió que espera no sean empleadas para criminalizar o limitar expresiones de medios de comunicación, especialmente comunitarios.

Por su parte, Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, expuso que esta propuesta representa un tema del que “hay que estar pendientes”. El parlamentario planteó que “podría tratarse de una herramienta para chantajear a los medios”.

En la misma línea se expresó la Anabel Belloso, del FMLN. La parlamentaria mencionó que debe verificarse que la pieza no represente una medida que atente contra la democratización del espectro radioeléctrico. Belloso dijo que con las modificaciones podría intentarse concentrar los espacios de telecomunicación y las frecuencias.

La Cancillería de Honduras informó que el gobierno centroamericano solicitó la semana pasada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la creación de una comisión contra la corrupción y la impunidad.

A través de un comunicado, la Cancillería explicó que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, envió la semana pasada una carta a la ONU “con el fin de solicitar la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH)».

En el texto añade que la misión «contribuirá en la lucha contra los males y vicios que dejó el pasado gobierno», presidido por Juan Orlando Hernández (2014-2022). Mismo que consideran “que han sumido al pueblo de Honduras en la miseria, pobreza y desigualdad social».

El martes de la semana pasada, la Policía de Honduras capturó a Hernández a solicitud de los Estados Unidos para que sea extraditado. El exmandatario es acusado de transportar 500 toneladas de cocaína a Norteamérica aprovechándose de las posiciones de poder que ostentó, incluidas las de presidente del Congreso entre los años 2010 y 2014.

Un día después de su detención se celebró la primera audiencia para informar de los cargos al expresidente. Al respecto, el juez que llevó a cabo la diligencia decidirá en las próximas semanas si autoriza en las próximas semanas la extradición de Hernández hacia los Estados Unidos.

Sobre este punto, la Cancillería recalcó que «la presidenta Castro ha reiterado que la corrupción, el narcotráfico, los escuadrones de la muerte y el crimen organizado, son temas prioritarios en su agenda”.

Hernández, es implicado por fiscales de Nueva York por presuntos lazos con el narcotráfico. Al respecto, su hermano, el exdiputado «Tony» Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por ese delito.

Por su parte, en un comunicado, Antony Blinken, jefe de la diplomacia de Estados Unidos, señaló que de acuerdo con «múltiples informes creíbles de los medios», Hernández «se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas».

Esposa de Hernández denuncia “humillaciones” en proceso arresto

El fin de semana, Ana García, esposa de Juan Orlando Hernández, denunció que el exmandatario fue sometido a «humillaciones» durante el arresto.

Por medio de un comunicado, expuso que el expresidente «fue sometido a un escarnio horroroso y humillante» y «durante más de 17 horas enfrentamos el horror, temimos por nuestras vidas e integridad sufriendo el asedio constante de 600 agentes de seguridad».

El cierre del año 2021 no fue muy favorable para la defensa y respeto de las libertades en la región centroamericana. Una tónica que se mantuvo durante todo el curso. Para el último mes del año, el Libertómetro evaluó un total de 24 leyes.

De estas, el 62.5 % presentó una evaluación negativa, el 29.2 % fueron positivas y el 8.3 % mostraron un resultado neutro. Por país, en Guatemala se tomaron en cuenta para el análisis tres normativas, todas provenientes del Ejecutivo, las cuales recibieron una puntuación negativa. En Honduras, por su parte, solo se analizó una ley del Ejecutivo, con un resultado negativo.

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En El Salvador las leyes fueron avaladas por la Asamblea Legislativa. De los cinco decretos estudiados, cuatro recibieron una puntuación negativa. En Costa Rica, cinco de las normativas evaluadas provenían del Ejecutivo y dos del congreso. El resultado del análisis arrojó cuatro calificaciones positivas y tres que atentan contra la libertad.

Por último, en Panamá, el gobierno presentó seis normativas y la Asamblea, dos. De las ocho leyes, cuatro alcanzaron una nota negativa, tres fueron positivas y una neutra.

A escala general, el ranking mensual de la región presenta una puntuación de -31.90 %. Honduras y Guatemala encabezan la tabla con una puntuación de -100 % cada uno. Les sigue de cerca El Salvador, con un -66.70 %. Por su parte, Panamá recibió un -14.30 %. El único de los países evaluados por el Libertómetro que tuvo un balance positivo fue Costa Rica, con una puntuación de 14.30 %.

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Sobre las medidas más peligrosas evaluadas por cada nación, en Guatemala la peor calificada fue la referente a las disposiciones para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas (-4), en Panamá fue la Ley n.° 262 de Integración, implementación y promoción de RSE en los contratos de concesión (-3).  

En Honduras, el denominado Plan de incentivos fue calificado con un -2, al igual que la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia en El Salvador y las reformas al reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en Costa Rica.

A escala del istmo, la peor evaluada fue la de las disposiciones para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, en Guatemala. Esta ley estableció una prohibición de venta y consumo de en horarios determinados durante los siete días de la semana, con la excepción del periodo del 15 de diciembre al 15 de enero. Esta medida es considerada totalmente negativa ya que se impone sobre las decisiones de los ciudadanos.

La segunda más peligrosa de la región corresponde también a Guatemala, con la Ley de fijación del salario mínimo (-3). Este decreto gubernativo estableció un aumenta al salario mínimo. Se evaluó que esto implica una decisión arbitraria que conlleva aristas negativas, y que además deja sin poder de decisión a los involucrados, es decir patronos y trabajadores.

El top de medidas negativas de la región la cierra Panamá con la Ley n.° 262. Esta es una normativa que obliga a las empresas que invierten en concesiones a destinar una parte de sus ingresos a proyectos de responsabilidad social.

Para el caso, es lamentable observar la manera en que la solidaridad es una obligación y no una convicción en el istmo. Empero, más alarmante es que el Estado, que ya de por sí no puede desarrollar lo que debe concesionar, además obligue al concesionario a cumplir con la labor social que le corresponde.

La semana pasada, Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, sancionó una ley para garantizar la protección integral de la niñez. La medida establece «un mecanismo de prevención de cualquier tipo de violencia contra los menores de edad».

La normativa fue aprobada por la Asamblea Nacional panameña el 11 de enero. Se trata del proyecto de Ley 567. Este cuerpo de ley crea un Sistema de Garantías y de Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Por medio de un comunicado de la Presidencia, el mandatario panameño manifestó que la “nueva ley eleva nuestros estándares de atención a los derechos de niñas, niños y adolescentes, para impulsar su crecimiento y desarrollo integral dentro del ámbito familiar, comunitario y social”.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, destacó «que el gran valor del Sistema Integral de Protección es articular las leyes, planes y políticas existentes alineando en una visión conjunta a todas las instituciones que tienen responsabilidad en esta materia».

Esta ley tuvo su origen tras el escándalo de abusos sexuales y maltrato a menores en albergues supervisados por el Estado, situación que provocó protestas el año pasado.

Deuda histórica

Respecto a esta normativa, en declaraciones a agencias internacionales de noticias, Jorge Giannareas, especialista en Política Social de Unicef, expuso el mes pasado que la Ley 567 era una «deuda histórica» con la niñez.

Además, expuso que su implementación imponía «retos mayores que los de su aprobación legislativa». De acuerdo con el experto, la aprobación tomó demasiado tiempo, ya que el primer proyecto sobre la temática se presentó en el año 2007.

Giannareas resaltó que luego de la sanción presidencial es urgente que en el corto plazo se genere la reglamentación de la ley. Empero, recalcó que «más importante aún» es que se dote «a las instituciones competentes de los recursos del presupuesto para su implementación».

«Una cosa que no hay que perder de vista es que una ley marco, que busca garantizar derechos, tiene como propósito fundamental la prevención. Lo que causa titulares, escándalos, son las privaciones de los derechos de los niños, el abuso, la explotación, y la ley lo que está dirigida es a prevenir que esas cosas ocurran», dijo Giannareas.

El mes de noviembre presentó un periodo más en el que las naciones de Centroamérica analizadas por el Libertómetro demostraron un claro y continuo desempeño negativo ante la libertad. Y como ha sido la tónica durante el último año, los decretos relacionados a la pandemia se mantienen en las agendas de los poderes estatales del istmo.

En total, en el presente mes se evaluaron 27 leyes. Por Guatemala fueron dos, una del Ejecutivo y otra del Legislativo; en el caso de Honduras se analizaron tres decretos, todos del gobierno. En El Salvador, en cambio, se evaluaron 10 decretos, todos de la Asamblea Legislativa, misma que sigue manteniendo la agenda con dirección del Ejecutivo.

Costa Rica aportó siete medidas al análisis del presente mes. Mientras que Panamá sumó cinco leyes al Libertómetro.

Sobre las evaluaciones, Panamá recibió dos calificaciones negativas y tres positivas; Costa Rica tiene cuatro negativas, dos positivas y una nota neutra; El Salvador recibió siete evaluaciones negativas, dos positivas y una neutra. En cambio, en los casos de Honduras, con tres decretos, y Guatemala, con dos leyes, ambas naciones recibieron calificaciones negativas.

Con ello, el ranking global del mes de noviembre refleja una calificación de -27.20 %. Al revisar los datos de manera individual, el peor evaluado fue Guatemala, con una puntuación de -75 %. Le sigue El Salvador, con un total de -50 %.

Más atrás se ubican Honduras, con un puntaje de -33.30 %; luego sigue Costa Rica, con un -21.40 %; y por último se coloca Panamá, que mostró un saldo positivo de 33.30 %, lo que representa en cierto modo un equilibro de acciones.

A escala regional, el top 3 de las medidas más negativas y que atentan contra las libertades corresponden a El Salvador, Guatemala y Costa Rica.

La denominada Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales, aprobada por el Legislativo salvadoreño, recibió una puntuación de -3 %. Siendo así considerada como la más atentatoria contra las libertades.

Esta ley faculta a la recién creada Dirección de Obras Municipales (DOM) a continuar con la expropiación de inmuebles señalados de “interés público”, dándoles a sus propietarios el «justo pago”. Esta es considerada una nueva forma de «expropiar» por medio de la entrega de una indemnización que es decidida de forma unilateral. Un claro ataque a la propiedad privada.

En Guatemala, la Alerta sanitaria nacional, aprobada por el Ejecutivo, fue calificada con un -2 %. Entre los puntos contenidos por la normativa está la intensificación de la vigilancia epidemiológica por la variante ómicron de covid-19. Además, establece el cierre de fronteras y restricciones para las llegadas de viajeros desde África.

Asimismo, decreta que todos los que viajen desde esas zonas y que sí tengan permitido entrar, como miembros del cuerpo diplomático, tendrá que estar 10 días en cuarentena. Otro punto de la medida es que no esclarece la fecha de finalización de la restricción. Dejando el dato a la deriva y con restricciones directas a las aerolíneas.

El top negativo lo cierra Costa Rica con la modificación del Decreto N.° 43272. La normativa del Ejecutivo establece que, en las compras públicas en la calificación, un 10 % corresponda a artículos manufacturados localmente.

En espíritu, la reforma lleva una motivación para incentivar la industria local. Empero,  puede traer consigo la pérdida de ofertas con mejores precios solo porque el producto provenga del extranjero.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), condenó la «falta de garantías» en los juicios que se realizan a opositores en Nicaragua. A la vez, llamó al gobierno de Daniel Ortega a la liberación de todos los detenidos desde las protestas ocurridas en el año 2018.

Por medio de un comunicado, la  CIDH dijo que «el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) recibió información sobre graves afectaciones al derecho penal y falta de garantías judiciales».

Además, la CIDH denunció varias anomalías, entre ellas la manipulación de pruebas, acusaciones basadas en testimonios de funcionarios públicos, obstaculización para acceder a los expedientes previo al juicio y la negativa de la autoridad judicial para tramitar peticiones y recursos

La Comisión indicó que también hay reportes de hostigamiento, acoso policial y despojo de pertenencias a representantes legales. Este apartado están incluidas revisiones con tocamientos indebidos a mujeres abogadas y familiares.

«Resulta especialmente preocupante que continúen estos procesos (…) que impiden el ejercicio de libertades públicas contrario a los estándares interamericanos y la consecuente imposición de penas desproporcionadas», manifestó la CIDH.

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) indicó la semana pasada que desde la reanudación de los juicios a opositores presos el 1.° de febrero, suspendidos de forma arbitraria en septiembre, siete recibieron han recibido condenas de hasta 13 años por «menoscabar» la integridad nacional.

Estas personas condenadas forman parte del grupo de 46 opositores, entre los que hay siete exaspirantes presidenciales. Estos últimos, la mayoría fueron detenidos meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado. En dichos comicios, Ortega, líder de la exguerrilla izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se agenció su cuarto mandato consecutivo.

Ortega, quien se mantiene en el poder desde 2007, tilda a los opositores de «criminales» y «delincuentes» que pretendían un golpe de Estado con ayuda de Estados Unidos.

Además de los 46 detenidos mencionados, se añaden otros 124 opositores encarcelados en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales iniciadas en abril de 2018.

La CIDH reiteró el llamado a liberar «inmediatamente» a todos los opositores presos. La Comisión denunció “las deplorables condiciones de detención y el grave deterioro de la salud» de algunos de ellos.

Durante el mes de diciembre, se analizaron un total de tres medidas, las cuales todas fueron catalogadas como negativas según el libertómetro colocándolo en el mes con números rojos.

Aunque son solamente tres las medidas analizadas, las tres son alarmantes. Iniciando con una medida restrictiva de circulación durante ciertas horas durante el período navideño, no se encuentra una justificación clara del por qué se decidió esta restricción pero sí resultó un atentado contra los guatemaltecos al impedir que se transitara con carga durante ese período, obstaculizando el comercio. Además, de volverse desigual ante la ley ya que no cayó sobre todos la prohibición.

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Lo segundo evaluado como negativo, fueron las disposiciones para evitar la venta y consumo en horas elegidas por el Estado. Esto, aunque parezca una medida positiva para evitar accidentes o conflictos, impidiendo el consumo de bebidas alcohólicas después de las 11pm, coarta la libertad de los ciudadanos quienes deben ser libres de consumir estas bebidas según su elección.

Y tercero, el salario mínimo. Éste tema es polémico pero sin duda es un tema de discusión relevante porque entorpece el libre mercado y obliga a la empresa privada a brindar el salario elegido por burócratas estatales de forma arbitraria. En esta línea no solo se ve dañada las empresas sino que también los empleados que no son contratados aún cuando estuvieran dispuestos a trabajar por menos en casos en los que no exista el dinero suficiente para cubrir ese mínimo. Ésta atribución que tan naturalmente toma el Estado daña mucho las relaciones y los contratos entre empleados y empleadores colocándolos en un ambiente de rivalidad en lugar de uno de cooperación.

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Después de entender qué pasó en el mes y las medidas analizadas. Podemos notar que durante diciembre el Estado guatemalteco tomó una serie de decisiones negativas disfrazadas de buenas intenciones que se convierten en decisiones peligrosas para los ciudadanos ya que con estas tres medidas se atentaron muchas libertades, libertades que parecen imperceptibles pero que al irse sumando van cada vez más limitando a los ciudadanos en decisiones que son muy personales.

La herramienta del libertómetro pretende precisamente evidenciar aquellas medidas que aunque a simple vista parezcan color de rosa, son peligrosas. Probablemente en muchas de la libertades que se coartan no parezcamos directamente perjudicados, pero siempre lo estamos de forma indirecta.

Un diciembre en el que hubiéramos preferido recibir de regalo libertad, recibimos limitantes, pero disfrazadas de intenciones correctas de un bien común. Con esto se cierra un 2021, pero marca sin duda la pauta de lo que está por venir en el 2022.

Durante el mes de diciembre el libertómetro analizó para Honduras solamente una medida calificada de forma negativa, lo cual dejó a este país con un porcentaje totalmente negativo con un -100%.

La medida analizada fue el Plan de Incentivos (PCM 114) emitido por el Ejecutivo el cual consistió en una aprobación para celebrar el bicentenario de Honduras, a través de la Comisión del Bicentenario, con el objetivo de promover la participación a las actividades culturales. 

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El análisis negativo realizado por el libertómetro es por ser considerada una medida en el que se hace un aprovechamiento irracional de los fondos considerando que es una época donde hay otras prioridades a la cual darle seguimiento y la celebración del bicentenario no es una de ellas.

Otro tema polémico, aunque no analizado en el libertómetro pero desarrollado durante el mes de diciembre,  fue respecto a las afirmaciones de la presidente electa Xiomara Castro quien aseguró que pedirá a la ONU apoyo que se le envíe una comisión para la lucha contra la corrupción.

Se viene un año de incertidumbre para ver cómo reaccionan los diferentes órganos del Estado al cambio de la presidencia y de ver qué tanto incrementan las medidas que en los últimos meses del año han sido bajas.

Honduras parece haber soltado el tema de pandemia y estar en otra línea de conversación pública, será clave ver cómo el nuevo gabinete asume el tema pandemia y si ofrece verdaderas soluciones o se suma a los dirigentes que toman esta problemátca como a favor de sus medidas populistas

El análisis del Libertómetro para el ejercicio 2021 mantuvo una constante en la puntuación para El Salvador. La tónica de los 12 meses fue a calificaciones negativas en el respeto a las libertades. El último reporte del año no fue la diferencia.

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En diciembre hubo varios puntos aprobados. Algunos temas llevaban varios lustros en la agenda legislativa, como la ley del agua; otros, en cambio, se han vuelto “viejos conocidos” de la última plenaria de cada año, como el subsidio al transporte colectivo.

Así, el Libertómetro analizó cinco leyes que fueron a avaladas por la Asamblea Legislativa. De estas, cuatro reportaron calificación negativa. La restante reflejó un dato neutro, es decir, bien por un lado y mal por otro.

La medida peor evaluada, con -2, corresponde a la aprobación de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). Esta normativa establece y regula las operaciones de la institución en el área, estableciéndola como el ente rector para la explotación del rubro. Además, señala que los fondos recaudados se usarán para contribuir al Estado en salud y asistencia social.

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En este caso, tras el análisis del decreto, resulta negativo no solo por la irracionalidad del fin de los fondos, sino que a esto se suma la auditoría de dichos recursos. Ya que la inspección de las operaciones de la LNB estará a cargo de un auditor interno nombrado por la misma entidad. Este es un punto que puede levantar sospechas dadas las diversas investigaciones sobre mal manejo de fondos y los señalamientos a funcionarios de la actual administración.

El otro punto aprobado al cierre del 2021 fue la reforma a la Ley de tarjetas de crédito (-1). Esta normativa resultó muy polémica en la evaluación. Esto debido a que establece una serie de parámetros que consideramos interesantes.

Primero, establece la prohibición de la contratación indiscriminada sin estudio de crédito y la emisión de tarjetas preaprobadas. Así como el cobro de comisiones por concepto de membresía, afiliación u otro de naturaleza análoga en las tarjetas de crédito con límite o disponibilidad de crédito igual o menor a $2,000. Esto resulta ser una injerencia estatal en la forma de operar del sector.

Cabe destacar que la mayor parte del articulado afecta al sector. De este, solo un punto fue tomado como positivo, y es que se prohíbe el acoso en el ofrecimiento de productos o servicios no solicitados.

Los restantes decretos que recibieron un puntaje de -1 son el subsidio al transporte colectivo y la exoneración del pago de renta a los aguinaldos. Sobre el primero es cuestionable la entrega de dicho beneficio a un sector, para lo cual se establece una contribución de $0.10 por cada galón de combustible comercializado. Además de que reciben las compensaciones de $250 (microbuses) y $500 (buses) de forma mensual y sin cumplir los requerimientos que la ley plantea.

Sobre la exoneración del pago de la renta a los aguinaldos hasta por un monto de $1,100, a simple vista parece una idea positiva para los bolsillos de los ciudadanos. Y en cierto modo lo es. Pero discrimina a una parte de la población: los que ganan arriba de ese monto. Bajo esa lógica resulta negativo.

Por último, con un resultado de cero, se evaluó la Ley General de Recursos Hídricos. Este es un tema que tenía 15 años en discusión en el congreso salvadoreño. Este año, en cuestión de meses, una comisión ad hoc aprobó el dictamen que da paso a la mencionada. Una iniciativa, como gran parte en la nueva legislatura, proveniente del Ejecutivo.

Esta aprobación es conflictiva. Por un lado, es positiva, ya que garantiza que la explotación del bien público (agua) se realizará de forma correcta. Empero, resulta dudoso que no pueda convertirse en una herramienta de expropiación. Además, se presenta peligrosa dado que los permisos son otorgados solo por el gobierno. Y estos podrían ser avalados de forma inadecuada y sin análisis previo.

Para el mes diciembre, se analizaron un total de siete medidas para la herramienta del Libertómetro. Costa Rica resultió 14.30% con un balance ligeramente positivo en las defensas de las libertades. De estas medidas, cinco fueron emitidas por el ejecutivo, mientras que dos por el legislativo.

La calificación de las medidas negativas, 3 en total, también se comporta de manera uniforme. El promedio de estas fue de -1.33%. Dentro de estas acciones se destacan las ya conocidas restricciones sanitarias, también la restricción de ingresos a los extranjeros tanto en turismo como en lo laboral, una estrategia social que nos venden como algo muy bueno que llega a ordenar y a unificar, lo cierto es que no es más que clientelismo político con ayudas sociales, y una impuesto al sector turismo del 4 %, esto se debe a que se venció el transitorio de la ley de reforma fiscal que los exoneraba por dos años y el ejecutivo no fue capaz de ampliar este plazo ya que ha sido uno de los sectores más perjudicados de la pandemia.

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Las medidas positivas corresponden a una ampliación en el horario que se puede circular lo cual ayudara a sectores a producir y comercializar más, una actualización a la ley de simplificación de trámites donde se permite la opción de declaración jurada con el fin de darle agilada a los tramites, el cierre del programa de asistencia durante la pandemia dejando una clara ineficiencia en los recursos del estados, la digitalización de los títulos valores como las letras de cambios y pagares.

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Durante este mes nuestra Asamblea Legislativa volvió al dominio de la agenda, sin embargo, evidentemente nos encontramos en campaña política y lo actuado fue menos.

Nos queda debiendo mucho el poder ejecutivo ya por un lado gestionan cosas que pueden llegar a colaborar con la reactivación económica pero al mismo tiempo golpea fuertemente a un sector como es el Turístico.