El mes pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador recibió un proyecto denominado Ley de Agentes Extranjeros. La iniciativa, presentada por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, fue recibida en la Comisión de Relaciones Exteriores. Misma que el pasado 16 de noviembre emitió un dictamen favorable sobre el tema. Empero, no ha sido avalada por el pleno legislativo.
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que esta norma vulneraría el derecho internacional. De acuerdo a tres relatores de la entidad, la ley es incompatible con las obligaciones del gobierno salvadoreño en el derecho internacional.
De acuerdo a los relatores especiales Clement Voule, sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Irene Khan, sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Mary Lawlor, sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros es contrario al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así lo indicaron en una misiva dirigida al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
“El proyecto de Ley de Agentes Extranjeros dictaminado presenta problemas graves y fundamentales de compatibilidad con las obligaciones de El Salvador en virtud del derecho internacional. Cualquier medida de este tipo debe ser en sí misma compatible con el derecho internacional en general y con el derecho de los derechos humanos”, recalcaron.
Asimismo, la ONU indicó al presidente Bukele que “la promoción y el respeto de los derechos humanos no es un asunto interno, sino un objeto del interés público internacional”. Por otro lado, manifestaron que la Asamblea Legislativa “tiene la responsabilidad independiente de velar por la conformidad de las leyes aprobadas con el Pacto”.
Los relatores de la ONU piden al gobierno salvadoreño la apertura de un espacio público para realizar la discusión del citado proyecto de ley.
Sobre la ley
La Ley de Agentes Extranjeros establece un impuesto del 40 % a las ONG sobre los fondos donados por sus cooperantes para la ejecución de proyectos en el país. Además, plantea la prohibición para que las organizaciones que reciben fondos internacionales realicen actividades políticas que “alteren el orden público”.
Sobre este punto, el dictamen que ha sido avalado por la Comisión de Relaciones Exteriores establece una pena de entre dos a cinco años de prisión para los agentes que “alteren el orden público”.
Semanas atrás, diversas organizaciones de la sociedad civil han solicitado que se dé marcha atrás y que no se apruebe la Ley de Agentes Extranjeros, pues señalan que pretende callar a la sociedad civil. Además de estar en contra de las libertades de los ciudadanos y la democracia.