El pasado domingo 17 de octubre, miles de salvadoreños volvieron a salir a las calles a marchar como muestra de rechazo a las políticas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Una de las medidas más cuestionadas ha sido la entrada del bitcoin como moneda de curso legal.
El pasado 7 de septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país en usar el bitcoin como divisa de curso legal. El gobierno insiste en que la medida ayudará a recuperar la economía del país.
Ricardo Navarro, director del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), consideró que estas acciones demuestran que “la gente se está comenzando a cansar de este gobierno”. “Nos está llevando por un despeñadero con sus malas ideas que ya afectan la economía con ese bitcoin», dijo.
Otro de los temas que motivaron la marcha fue la Ley de Recursos Hídricos que se estudia actualmente en una comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa. Al respecto, el coordinador del Frente Sindical Salvadoreño (FESS), Wilfredo Berríos, expuso que salieron a las calles «para exigir al gobierno y a los diputados que no se privatice el agua».
Al igual que el bitcoin y la ley del agua, otros puntos que generan descontento en los salvadoreños es el alza de las desapariciones en el país, y de las cuales el Ejecutivo no plantea una postura. Asimismo están las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, con la que se realiza la destitución ilegal y forzada de un gran número de jueces.
Los veteranos de guerra y excombatientes también han demandado respuesta del gobierno, al que señalan de abandonar al sector. El tema de la reelección presidencial inmediata, avalada en una resolución de la Sala de lo Constitucional impuesta por la nueva Asamblea Legislativa, también genera zozobra en la población, que teme una consolidación total del poder.
«Se atentó contra la independencia judicial, eso solo lo hace un gobierno dictatorial y no queremos eso en El Salvador», dijo a medios y agencias internacionales Medardo Gonzalez, exsecretario general del FMLN, sobre la reforma a la ley de carrera judicial.
Durante la jornada de protesta, la cuarta en un periodo aproximado de mes y medio, usuarios de redes sociales reportaron bloqueos de parte de la Policía Nacional Civil y el Ejeŕcito en diferentes puntos de acceso a la capital. Los retenes tenían por objetivo retrasar o evitar que la población externara su descontento con el actual gobierno.