Por: María Isabel Bonilla, CIEN
Guatemala
El mes de marzo en Guatemala se vio marcado en la discusión pública por el proceso de elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, dado que para el 14 de abril debe quedar integrado con los nuevos integrantes electos. La presión para lograr su integración también obedece a la intención de que no se repita en el país un vacío legal por la no elección y nombramiento de magistrados, como ha sucedido con la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y demás tribunales similares.
Por su parte, el Congreso de la República no avanzó en la discusión de la agenda económica y social propuesta, ni en el antejuicio al Ministro de Gobernación que inició, ni en la elección de magistrados aún pendiente. Sin embargo, es importante resaltar la publicación de la Ley de Leasing. Dicha ley no sólo ofrece reglas para dotar de mayor seguridad jurídica a este tipo de contrato mercantil, sino también se espera que facilite el financiamiento y la actividad de la pequeña y mediana empresa en el país. La misma entrará en vigor en el mes de junio.
No sólo la integración de cortes y la actividad legislativa ocupó el interés de los guatemaltecos. En marzo se publicaron normas relacionadas con el plan de contención del contagio por COVID-19. Nuevamente se levantó la discusión sobre la necesidad de limitar derechos humanos para con ello contener la propagación del COVID-19 y sus consecuencias sanitarias, frente a la necesidad de apertura total de la economía y del sistema educativo, por ejemplo. Parecieran temas contradictorios. Sin embargo, en la medida que la gente se educa en cuanto a las acciones para evitar el contagio, así como a tener el criterio para tomar decisiones que no pongan en riesgo intencionalmente su vida ni la de otras personas ni su fuente de ingresos, en esa medida se aprende a ser responsable en libertad. Y esto facilitaría no sólo llevar a cabo acciones para evitar contagios, sino también acciones para retomar la actividad económica y social necesarias.
También se declaró el estado de prevención en varios departamentos del país, con limitación a los derechos de libre reunión y de libre locomoción, por motivo al nivel de contrabando en la frontera sur con México y la nueva caravana de migrantes que se pretenden llegar a Estados Unidos de Norteamérica. Los resultados de dicha declaratoria deben darse en las próximas semanas, pero usualmente no se da un seguimiento a estos y se olvida por parte de la población. Otro tema olvidado por la opinión pública -o al menos desplazado por otros de interés político- fue el del Presupuesto General para el ejercicio fiscal vigente, a pesar de publicarse normas de transparencia y control del gasto.
Como se puede apreciar, son múltiples los temas que se manejan mes a mes en el país y respecto de los cuales se emiten normas que pueden o no ser congruentes con las garantías constitucionales vigentes. Hace falta hacer más énfasis no sólo en el riesgo de limitar los derechos humanos esenciales. También es necesario darle seguimiento a dichas medidas estatales o judiciales y a sus resultados para evitar que las restricciones en lugar de ser una excepción razonable se conviertan en una normalidad. Este es un riesgo latente para el Estado de Derecho.