Libertómetro Panamá
Alexis Martinez – Fundación Libertad
Con la promulgación de la Resolución de Gabinete No. 11 del 13 de marzo de 2020, el gobierno declaró un “Estado de Emergencia Nacional” sin seguir el procedimiento que la Constitución Política (artículo 55) establece para tal fin. Por tanto, el Órgano Ejecutivo no utilizó el único mecanismo legal disponible, que le permitía suspender garantías constitucionales, tales como la libertad de reunión, libertad de tránsito, ejercicio al comercio y propiedad privada.
Esto causa una crisis, no solo sanitaria, sino constitucional y legal. Donde el Estado ha implementado medidas que restringen el derecho de la ciudadanía, sin la legitimidad constitucional para ello. A pesar de que voces se han alzado, incluyendo las de la Fundación Libertad, para que el gobierno rectifique el error, y se ciña al procedimiento constitucional, esto no ha ocurrido, sembrando un procedente nefasto para la ciudadanía. En ocasiones anteriores, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado contra este tipo de acciones, estableciendo que: “si la Constitución establece requisitos para la declaración del Estado de Urgencia, tales requisitos deben cumplirse”, rechazando, a su vez, la posibilidad que el presidente, por sí mismo, o con uno de sus ministros, pueda suspender las garantías constitucionales de los ciudadanos.
A esta situación se le suma la falta de información y transparencia del Estado para la toma de decisiones. Los procesos de consulta han sido vagos, traduciéndose en un descontento de la población, que se acrecienta por la falta de ingresos, el aumento exponencial de enfermos y fallecidos por la pandemia y la corrupción aparente de algunos servidores públicos. Este descontento ha ocasionado que el gobierno rectifique, en parte, algunas de sus decisiones.
Prueba de ello es la promulgación de la ley de moratoria, donde se establece que las personas afectadas financieramente por el Covid-19, tendrán un plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para que se les excuse del pago de las deudas a instituciones bancarias, cooperativas y financieras, sin generar penalidades por mora. Más allá de los efectos en la economía de esta norma, vemos como el gobierno había, en primer momento, firmado un acuerdo no vinculante con los bancos que les permitía llegar a acuerdos bilaterales con los clientes. Sin embargo, esta medida causó gran descontento en la población. Había una percepción que el gobierno se estaba dejando manipular por el “poder económico”. Con el discurso del 1 de julio, donde el presidente debe, legalmente, presentar un informe a la nación, una de las noticias fue la sanción de esta ley.
En cuanto a las medidas legales adoptadas por el Ejecutivo, vemos que, mayormente, suspenden o restablecen términos judiciales y administrativos. De igual forma, la necesidad del distanciamiento físico ha traído consigo importantes avances para la justicia y la tramitología administrativa y judicial. Muchos procesos que debían ser presenciales ahora podrán ser virtuales, facilitándole a los ciudadanos el acceso a los servicios requeridos. A pesar de que muchas de las medidas son temporales, representan una oportunidad para la agilización y mejora del servicio público, en caso de ser mantenidos durante el tiempo. De igual forma, la necesidad de acceder a medicamentos de forma rápida y evitar el desabastecimiento, motivó que se eliminará la necesidad de registros sanitarios para ciertos medicamentos que han sido reconocidos y aprobados por países expertos en la materia. Esto representa un avance, considerando que la obtención de los registros sanitarios es una de las razones por las que muchos medicamentos demoran en entrar al mercado nacional.
Así también, hay un avance en materia tributaria. Se han reducido ciertos aranceles de importación de algunos productos y se ha eliminado la obligación de pagar impuestos sobre algunas transacciones internacionales.
Indudablemente, la pandemia representa un reto para los gobiernos de la región y del mundo. Sin embargo, solo podemos salir adelante si respetamos los principios básicos que rigen los Estados democráticos. Es fundamental, que, como ciudadanos, vigilemos el actuar del gobierno para evitar que una crisis sanitaria se convierta en una crisis legal, humanitaria o autoritaria.