Honduras registró una calificación de -60% en el Libertómetro durante junio de 2021, mostrando así un ligero en las libertades.
El análisis de junio incluye un total 9 medidas, 50% más que el mes anterior. De estas, 44.4% obtuvo una calificación negativa, el 44.4% salieron neutras y 11.1% con calificación positiva.
La puntuación de las medidas negativas tuvo un comportamiento bastante uniforme. El resultado de las mismas fue menos grave y menos variable que el mes anterior: el promedio fue de -2.5 (7.4% menor que el promedio de las negativas de mayo), en tanto que la desviación estándar fue de 1.73 (El promedio de notas negativas fue de -2.5 (7.4% menos graves que el mes anterior), con una desviación estándar de 1.73 (21.4% menor que la de mayo), sin datos atípicos.
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La medida más grave fue, por segundo mes consecutivo, la prórroga de las medidas de restricción de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 69, 78, 81 y 84 de la Constitución; la misma violenta una serie de libertades económicas e individuales, como la libre circulación y el derecho al trabajo, bajo el amparo de la emergencia del COVID-19.
También se destacó dentro de lo negativo la creación de un programa de beneficios para personal de atención primaria de salud, que crea una serie de privilegios a un segmento poblacional únicamente en virtud del tipo de ocupación que ostentan; por otro lado, tampoco hay una estimación certera del potencial número de aplicaciones que dicho programa tendría, abriendo con ello una ventana para una utilización ineficiente de los recursos públicos. Finalmente, se critica la creación del programa Bono de Vivienda para una Vida Mejor, que abre el camino para un mayor despilfarro de los fondos públicos en un programa con una evidente falta de evaluación de impacto.
Paradójicamente, la única medida positiva fue sobresaliente. La Corte Suprema de Justicia estableció un acuerdo para crear la jurisdicción especial de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), medida alentadora que manda una señal positiva sobre la adopción de reglas a seguir en este interesante proyecto. Si bien es cierto que habrá que esperar qué tan especial o diferente sea la impartición de justicia de dicha jurisdicción respecto del resto del país, puesto que depende de la misma CSJ, se le brinda el beneficio de la duda por marcar un avance en la implementación de esta iniciativa. Debe recordarse que experiencias exitosas similares en otros países del mundo han optado por la “importación de cortes”, es decir, la adopción de marcos legales probados, como varios anglosajones, lo cual ha permitido darle seguridad jurídica a los inversionistas.
A nivel conceptual, el efecto negativo de junio de 2021 tiene un matiz relativo a las libertades individuales. De hecho, es este el único pilar con modificación en su valor durante el período, con una nota de -0.22, siendo el subíndice de igualdad ante la ley, presunción de inocencia y derecho al debido proceso el perjudicado (22.2% de las medidas analizadas).