Alexis Martínez Sciglian, Fundación Libertad Panamá
Durante el período del 15 de julio al 15 de agosto, Panamá ha obtenido los siguientes puntajes: en libertad individual, 7%; en libertad económica, 15.9%; y en libertad política, 7.5%. Dejando a Panamá con un 30.4%. Las medidas legales y administrativas adoptadas por el Estado panameño durante el período comprendido están encaminadas a la recuperación económica, a fin de mitigar los perjuicios causados por la pandemia de coronavirus. Según medios internacionales, las acciones tomadas por el gobierno panameño para intentar contener la pandemia han sido de las más estrictas del mundo. Desde el mes de marzo, y con la promulgación de la Resolución de Gabinete no. 11, el Estado panameño suspendió garantías y derechos inherentes a los ciudadanos y prohibió el ejercicio de la economía “no esencial”. Cinco meses después, y aún con medidas de restricción de movilidad en firme, se puede ver un contraste claro con las medidas que se han promulgado desde mediados del mes de julio a la fecha, mismas que están encaminadas a crear fondos, instituciones y mecanismos administrativos para incentivar la inversión y apoyar a las empresas a recuperarse.
En el ámbito económico, tal y como lo hemos mencionado, el gobierno está tomando pasos concretos para brindar un alivio a la economía, facilitando el acceso a créditos en el sistema bancario. Entre ellas se creó un Fondo Especial de Estímulo al Sistema Bancario. Esta medida es un fideicomiso de 500 millones de balboas que deberán ser utilizados para satisfacer las necesidades de liquidez del sistema bancario, a fin de facilitar el otorgamiento de créditos. Por otra parte, y bajo ese mismo ámbito, se creó el programa Garantía Banca de Oportunidades, que posibilita el acceso al crédito a las microempresas en su etapa de emprendimiento o que se están reinventando, y cuyo objetivo es tener un fondo de garantía que avale los financiamientos otorgados por las Entidades Bancarias a la microempresa en su etapa de emprendimiento, con préstamos con una cuantía entre 2,000.00 a 5,000.00 balboas.
Por otro lado se creó también el Fondo Solidario de Vivienda, bajo la dirección y coordinación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT). Este tiene como propósito entregar un aporte económico de 10 mil balboas por cuadro familiar, para familias de bajos ingresos (ingreso familiar que no exceda la suma de 2 mil balboas), y que serán destinados para la adquisición de una unidad habitacional nueva de no más de 70 mil balboas. Este proyecto establece incentivos para la construcción de unidades habitacionales de interés social.
En materia laboral se extendieron los permisos de trabajos para extranjeros y se dictaron medidas de protección a los trabajadores que han sido suspendidos de sus puestos a consecuencia de la pandemia. De igual forma, las medidas tributarias se han actualizado, e incluso flexibilizado, a fin de que más ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones tributarias.
Si bien muchas de las medidas son positivas, para una gran cantidad de ciudadanos se ven opacadas por las acciones del gobierno en materia de libertades ciudadanas y libertad para ejercer el comercio. Recientemente se dictaron medidas que nos dan “una ruta a la nueva normalidad”, que le permite a ciertas empresas y proyectos de construcción abrir sus puertas. Sin embargo, no existe una explicación que pueda ayudar a la población a entender el fundamento de selección de las empresas y proyectos que se les permite abrir, frente a aquellos que aún deben permanecer cerrados. La selectividad aplicada para la reapertura ha dejado un sinsabor en la población, que además opina que Panamá se encuentra en un momento desafortunado de la historia y que las medidas de restricción a la movilidad son un precedente nefasto.
Lo anterior, considerando que la institucionalidad está siendo fuertemente golpeada por medidas de “cuarentena” que no tienen sustento jurídico, puesto que carecen de legalidad y tienen vicios de inconstitucionalidad. El Estado ha hecho caso omiso de los procedimientos constitucionalmente establecidos para suspender las garantías y derechos constitucionales que les son inherentes a los ciudadanos. Por ello, y a pesar de que en materia económica pareciese que el gobierno está encaminado en la dirección correcta (por los incentivos que propone y por las alternativas que plantea para reabrir la economía), la crisis económica y social en parte puede ser atribuida a un confinamiento prolongado que, además de inconstitucional, pareciese carecer de fundamento científico.
Existe un sentimiento de la población que muchas de las medidas concernientes al confinamiento se están tomando por complacencia, conveniencia e incluso improvisación; puesto que no hay una postura clara, directa y transparente del gobierno para la aplicación de estas medidas. Aunado a ello, pareciese que no existieran controles a las actuaciones del Órgano Ejecutivo, ya que la Corte Suprema de Justicia se ha mostrado permisiva y silenciosa al no pronunciarse sobre las tantas demandas de inconstitucionalidad contra las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
Panamá es un país de contrastes: grandes riquezas y extremas pobrezas. La crisis económica, social y política que ha causado el covid-19 no tiene referentes en la era moderna, y la única manera de salir de ella es que el Estado, con transparencia y rendición de cuentas; la empresa privada, con solidaridad y cumplimiento de las normas; y los ciudadanos, con acciones conscientes y responsables, trabajen juntos para alcanzar consensos y acordar medidas que beneficien a la mayoría de la población.