María Isabel Bonilla, CIEN: Guatemala
La pandemia del covid-19 ha costado la vida de más de 2,000 personas; más de 63,000 se han contagiado; y cerca de 51,000 se han recuperado. También ha costado el cierre de más de 50,000 puestos de trabajo, según cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así como el aumento del endeudamiento por más de 19,000 millones de quetzales derivado de tres ampliaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso de la República en los últimos cinco meses: la primera por Q3,667.5 millones, según el Decreto número 12-2020, Ley de Emergencia COVID-19; la segunda fue por Q11 mil millones, según el Decreto número 13-2020, Ley de Rescate Económico COVID-19; y la tercera por Q5,138 millones, según el Decreto número 20-2020, Ley de ampliación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal 2020. El 80% de estas ampliaciones presupuestarias serían financiadas por medio de la colocación de Bonos del Tesoro y el 20% restante a través de préstamos de organismos e instituciones regionales e internacionales. En total, las ampliaciones presupuestarias suman Q19,806 millones. Entre otros, estas ampliaciones tendrían por finalidad financiar una serie de programas asistenciales (14 en total), de los cuales solo dos han sido ejecutados a cabalidad, aunque se duda de si los mismos llegan a la población realmente más necesitada.
La pandemia también ha hecho patente lo que los guatemaltecos ya sabíamos pero que no queríamos afrontar: la falta de capacidad institucional para cumplir con sus funciones; la ineficiencia en los servicios de salud permanentemente desabastecidos, no atendidos y mal equipados; la falta de bases de datos y estadísticas indispensables para el diseño y gestión de programas sociales; la falta de modernización de sistemas y de digitalización de procesos. Es decir, la indiferencia casi permanente ante la falta de programación de actividades, eficiencia y eficacia en acciones, incapacidad entre empleados públicos, el alto nivel de corrupción y su aceptación entre la población.
Acciones concretas que lleven al país en la ruta hacia la recuperación económica, así como al combate efectivo de la pandemia, son prioritarias. Es por ello por lo que el Congreso de la República tiene la responsabilidad de la discusión y aprobación de normas que permitan en el corto y mediano plazo recuperar y mejorar los niveles de inversión, generación de empleo, gestión programas con objetivos medibles, así como la creación de infraestructura económica y social estratégica. El trabajo normativo debe hacerse en coordinación con los objetivos del Organismo Ejecutivo. No es suficiente aprobar ampliaciones presupuestarias y endeudamiento. Se requiere de un plan suficientemente consensuado.
El trabajo legislativo debiera ser más bien de tipo técnico y no político, dada la urgencia que se ha presentado. Por eso, la voluntad política es ahora la pieza clave para conducir el país hacia la ruta de prosperidad. Sin voluntad y objetivos claros no se puede desarrollar una agenda nacional que es, hoy más que nunca, urgente diseñar e implementar.