Por: Asdrúbal Vargas, Instituto AMAGI, Costa Rica
Reza una de las tantas placas conmemorativas que se pueden encontrar en el país la frase “feliz la madre costarricense que sabe que su hijo al nacer nunca será soldado”. La emblemática frase de Ryoichi Sasakawa no sólo hace referencia a la abolición del ejército celebrada como efeméride por primera vez en la historia del país el próximo primero de diciembre, sino también de la decisión país de buscar en el diálogo y no las armas la ruta para resolver las disputas del país.
Luego de meses atípicos en los que la convulsión en las calles y las protestas llegaron a uno de sus puntos más altos al menos de la última década, el recordar la existencia de otra vía para resolver los problemas, la vía del diálogo, la vía costarricense, retoma aún más fuerza luego de que durante el mes de octubre el país viviera manifestaciones de violencia, donde el uso de la fuerza en las calles fue vista por parte de varios grupos como un método válido para expresar su disgusto con la gestión política y económica del país.
Hay que recordar que la incremental tensión social producto de un desempleo galopante y los clamores por una reactivación económica que no terminaba de llegar. Para entender la profundidad del problema, un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio calculaba que para mayo 2020 al menos el 30% de las pequeñas y medianas empresas (PyMES) había cerrado de forma temporal o permanente. Para dimensionar el impacto, el Informe del Estado de la Situación de la Pyme en Costa Rica estimaba que para el 2019 el país contaba con alrededor de 474,778 Pymes que representan al menos al 33% del empleo formal del país (MEIC, 2017 y 2019).
Teniendo tan presente en la epidermis de muchas familias costarricenses las consecuencias de una crisis económica, el país chocó de frente con la noticia de que el país necesitaba negociar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional para hacerle frente a los gastos corrientes del Estado. Un préstamo que implicaría el compromiso de aumento de impuestos y eventual recorte de gasto, molestando a todos los sectores del país por igual. En momentos donde muchos costarricenses tenían al menos alguna razón para expresar su disconformidad, una convergencia de múltiples molestias explotó en las calles poniendo a los líderes del país en la difícil tarea de elegir si enfrentar el reclamo ciudadano con mayor hostilidad, o buscar otra vía, la vía tica del diálogo en una democracia.
Noviembre arrancó entonces con la promesa de la creación de una Mesa de Diálogo Multisectorial, convocada por el Poder Ejecutivo con el respaldo del Poder Legislativo presidido por la oposición, en un claro ejercicio de control político y responsabilidad horizontal. La mesa iba a ser compuesta por 29 representantes de múltiples sectores, entre ellos empresarios, sindicatos, estudiantes, mujeres, cooperativas, iglesias, entre otras y moderada por el Estado de la Nación. Su misión sería la de dialogar cómo encontrar una solución a la siguiente pregunta:
¿Cómo lograr una mejora permanente de al menos 2?5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario del gobierno central y una disminución a corto plazo del monto de la deuda pública (de unos 8 puntos porcentuales del PIB), mediante una mezcla de acciones de ingresos, gastos y gestión del endeudamiento público, para evitar que el Estado caiga en una cesación de pagos?
Sin embargo, la mesa fracasó tanto por su representatividad que fue puesta en tela de duda como por la estrategia de gestión política alrededor de ella. Pese al voto de confianza de algunos sectores, el gobierno no tuvo la habilidad de legitimar este esfuerzo que en algunos casos, incluso la participación de algunos de los sectores convocados o no fue atendida o fue abiertamente rechazada.
Si bien, el fracaso de la mesa de diálogo no implicó un retorno masivo de manifestantes a las calles, no dejó de ser un ejercicio lamentablemente que puso en tela de duda las fibras mismas del andamiaje cultural costarricense contemporáneo, el cual denota una profunda división social en la cual se dificultan cada vez más los consensos y el avance de agendas comunes.
Pese a que un día si y otro no el gobierno siempre convocó de manera unilateral a algunos representantes de sectores en conversaciones con el Poder Ejecutivo, en días recientes se dio a conocer la noticia de que en paralelo las negociaciones con el FMI continuaron en paralelo, siendo la llave de intercambio más posible frente al préstamo un segundo intento de aumento de impuestos que el Ministro de Hacienda continúa promoviendo en debates y foros públicos, así como medios de comunicación.
Esta gran discusión giró entorno a uno de los principales proyectos de ley monitoreados durante el mes de noviembre: El presupuesto nacional 2020. El cual pese a los recortes que sufrió en sectores como cultura, implicaba necesariamente tener claridad del accionar del gobierno frente al FMI y la eventual respuesta de esta administración frente al déficit fiscal.
Otros proyectos de ley más puntuales a favor de la libertad económica lograron ser aprobados en el Congreso como la Ley para el Patrocinio del Deporte, la cual finalmente permite el patrocinio de marcas de bebidas alcohólicas a equipos o eventos deportivos. Lo cierto es que el mes de diciembre pinta ser un segundo compás de espera en la larga expectativa de cuál será la decisión del país respecto a los retos que avecinan en el 2021, en el cual no sería de extrañar que el 2021 arranque con las mismas zozobras con que cerramos el 2020.