Una táctica de populismo. No es una acción nueva, pero desde la declaración de la pandemia los gobiernos han hecho de esta herramienta su estandarte. Unos más, otros menos. Y en la región centroamericana parece ser una acción de libreto.
En el mes de noviembre, el Libertómetro evaluó el Decreto Gubernativo 17-2022 que estableció la creación del “Programa Social de Atención a las Familias de los Mártires de la Resistencia Hondureña”.
La medida presentada por el Ejecutivo estableció que se brindará apoyo a los descendientes y/o ascendientes directos de las víctimas de asesinato registradas por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los Organismos de Derechos Humanos en Honduras en el marco del Golpe de Estado de 2009.
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Asimismo, señaló que serán beneficiarios de este programa las personas que formen parte del núcleo familiar directo de las víctimas: descendientes y/o ascendientes, hermanos, cónyuges, uniones libres o de hecho y/o dependientes.
Las personas antes mencionadas obtendrán una serie de beneficios del Estado, entre ellos se establecieron becas de estudio, pensiones, atención psicológica, trabajo digno, salud y vivienda.
Para la obtención de dicho beneficio, la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos elaborará un registro oficial de beneficiarios que reúnan las condiciones para aplicar a dicho programa, basado en estudios socioeconómicos, educativos y psicosociales, manifiesta el decreto.
Analizada la medida, esta recibió una calificación de -1 en Libertades Económicas y -1 en Libertades Individuales. Si bien a primera vista la medida parece muy humana, lo que realmente representa es un uso irracional de los fondos públicos por parte del Estado hondureño.
A lo anterior se añade que los daños fueron no solo a los fallecidos y sus familiares, sino a la ciudadanía en general. Por lo que parece ser más una medida populista bajo el manto del humanismo.
Comparado al mes previo, Honduras continúa en el camino de manejo inadecuado de los fondos.