Durante el mes de septiembre Honduras encabezó la lista de los peor evaluados, con un -100%, debido a que su única medida analizada, fue calificada como negativa.
Los planes de vacunación parece que son el gran protagonista para los presidentes de la región centroamericana, esto porque son una esperanza para los ciudadanos frente al embate de la crisis sanitaria generada por el Covid-19.
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Pero, parece que esa esperanza les ha hecho creer a los políticos de turno que pueden pasar por alto uno de los grandes compromisos con la población, la falta transparencia en el manejo de fondos públicos se ha convertido en una constante, tanto que ahora hasta pretenden hacerlo un procedimiento legal.
Y para muestra un botón, El Parlamento de Honduras aprobó este mes un decreto que declara la reserva total de los contratos de compra de vacunas contra la covid-19, con lo que veda el acceso a esta información por un período de hasta diez años.
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Tanto la votación que atenta definitivamente contra los derechos de los ciudadanos hondureños de conocer cómo y adónde se invierten sus impuestos, la forma también genera cuestionamientos, ya que en una sesión virtual con 128 votos se aprobó la misma sin dar a conocer que legisladores votaron a favor de esa reserva.
Este mismo mes los legisladores votaron por una prorroga al decreto 96 del Ejecutivo del 21 de marzo de 2021 que restringe la circulación de los ciudadanos con toques de queda, el mismo que atenta contra la libertad de libre circulación ha sido prorrogado por más de una decena de veces.
