El mes de septiembre presentó un análisis nada favorable en cuando al respeto de las libertades económicas, políticas e individuales en la nación guatemalteca. En total fueron cuatro las medidas evaluadas por el Libertómetro. Dos de ellas provenían del Ejecutivo y las restantes del Órgano Legislativo.
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Al hacer el análisis de los decretos legislativos y acuerdos gubernativos, la calificación obtenida fue negativa. Tres de las medidas recibieron una puntuación en contra de los índices evaluados, mientras que la restante quedó con una nota de cero.
Del lado legislativo se evaluó la Ley de Fomento de Inversión de Capital Extranjero (0) y el Apoyo temporal a los consumidores de gas propano (-2).
El objetivo de la primera medida es fomentar proyectos de inversión provenientes de capital de origen extranjero mediante el establecimiento de un tratamiento especial para la inversión de capital extranjero en el país, regulando para tal efecto las condiciones y autorizaciones para su implementación. Aunque parece una buena iniciativa, genera desigual ante la ley ya que incentiva la inversión extranjera en detrimento de la local.
Esta ley recibió una puntuación de 1 en respeto a las Libertades Económicas (Comercio Exterior) y -1 en Libertades Individuales (Igualdad ante la ley).
En el caso del apoyo a los consumidores de gas, con su aprobación se avaló que por dos meses se otorgarán Q8 para los cilindros de 10 lb; Q16 para el de 20 lb; Q25 para el de 20 lb; y Q28 para el de 35 lb. Esta acción genera desigualdad ante la ley y establece proteccionismo, evitando que el mercado real se regule por sí solo.
La evaluación de este apoyo recibió un -1 en Libertades Individuales (Igualdad ante la ley) y un -1 en Libertades Económicas (Libertades económicas de otro tipo).
Los dos Acuerdos Gubernativos fueron evaluados con una puntuación de -1. De acuerdo con el análisis realizado por el Libertómetro, el conceder permiso laboral con goce de sueldo el 16 de septiembre a los servidores públicos que prestan sus servicios en las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública representa un aprovechamiento irracional de los fondos públicos.
El restante acuerdo del gobierno es el Arancel de garantía de registro inmobiliario, el cual establece un arancel que aplica para todas las operaciones que se realicen a través de la web y sistema electrónico en el que opera el Registro de Garantías Mobiliarias. Con ello no solo se genera un aumento de precios y burocracia; también crea incertidumbre ya que abre las puertas para que se creen mayores formas de tomar dinero.