La organización Human Right Watch (HRW) señaló que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y las instituciones del Estado están violando el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía. Esto a raíz de los múltiples bloqueos de redes sociales que el mandatario y las carteras de gobierno hacen a personas y organizaciones que hacen cuestionamientos a la actual administración.
Un informe de HRW indica que las “autoridades de El Salvador, incluido el presidente Nayib Bukele, están bloqueando a personas críticas del gobierno en redes sociales (…) Estos bloqueos constituyen una violación de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y a participar en el debate público».
Human Right Watch recalca que estos bloqueos, que incluyen a periodistas, abogados y activistas, transgreden la libertad de expresión y el derecho a la información pública. Lo anterior basado en la relevancia que da el presidente al uso de los medios digitales para transmitir información sobre sus decisiones y políticas públicas.
Al respecto, el investigador sénior para las Américas de HRW, Juan Pappier, aseguró que la cantidad de personas que han sido bloqueadas por el presidente salvadoreño puede ser más alta que la detectada por la organización. HRW ha identificado 91 cuentas bloqueadas por el gobierno, la mayoría en Twitter.
Además de las cuentas del mandatario, otras instancias gubernamentales que han bloqueado a la población en redes sociales son la Secretaría de Prensa, la Secretaría de Comunicaciones y la oficina de Casa Presidencial.
Pappier manifiesta que detrás de estos bloqueos hay una “estrategia más amplia del gobierno para silenciar a críticos” y de este modo “reducir la transparencia”.
“El presidente Bukele utiliza las redes sociales como uno de los principales medios de comunicación para anunciar decisiones gubernamentales e interactuar con el público, a tal punto que su cuenta de Twitter prácticamente se ha convertido en el Diario Oficial de El Salvador”, expuso Pappier.
El investigador añade que al bloquear a las personas con las que no está de acuerdo, el presidente “les niega el acceso a información pública y restringe su interacción con los funcionarios que las representan”. A su juicio, esto impide la participación en el debate público, lo que viola su libertad de expresión y discrimina sus opiniones.
En el caso de las personas bloqueadas que se desempeñan como periodistas, estos se ven inhabilitados para solicitar información y hacer preguntas. Con lo que se viola la libertad de prensa.