La semana pasada, Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, sancionó una ley para garantizar la protección integral de la niñez. La medida establece «un mecanismo de prevención de cualquier tipo de violencia contra los menores de edad».
La normativa fue aprobada por la Asamblea Nacional panameña el 11 de enero. Se trata del proyecto de Ley 567. Este cuerpo de ley crea un Sistema de Garantías y de Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
Por medio de un comunicado de la Presidencia, el mandatario panameño manifestó que la “nueva ley eleva nuestros estándares de atención a los derechos de niñas, niños y adolescentes, para impulsar su crecimiento y desarrollo integral dentro del ámbito familiar, comunitario y social”.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, destacó «que el gran valor del Sistema Integral de Protección es articular las leyes, planes y políticas existentes alineando en una visión conjunta a todas las instituciones que tienen responsabilidad en esta materia».
Esta ley tuvo su origen tras el escándalo de abusos sexuales y maltrato a menores en albergues supervisados por el Estado, situación que provocó protestas el año pasado.
Deuda histórica
Respecto a esta normativa, en declaraciones a agencias internacionales de noticias, Jorge Giannareas, especialista en Política Social de Unicef, expuso el mes pasado que la Ley 567 era una «deuda histórica» con la niñez.
Además, expuso que su implementación imponía «retos mayores que los de su aprobación legislativa». De acuerdo con el experto, la aprobación tomó demasiado tiempo, ya que el primer proyecto sobre la temática se presentó en el año 2007.
Giannareas resaltó que luego de la sanción presidencial es urgente que en el corto plazo se genere la reglamentación de la ley. Empero, recalcó que «más importante aún» es que se dote «a las instituciones competentes de los recursos del presupuesto para su implementación».
«Una cosa que no hay que perder de vista es que una ley marco, que busca garantizar derechos, tiene como propósito fundamental la prevención. Lo que causa titulares, escándalos, son las privaciones de los derechos de los niños, el abuso, la explotación, y la ley lo que está dirigida es a prevenir que esas cosas ocurran», dijo Giannareas.