Elena Toledo
Eléutera, Honduras
En el análisis de medidas del mes de febrero vemos la permanencia de las restricciones a la movilidad y suspensión de garantías constitucionales a los ciudadanos con el fin, aduce el gobierno, de cuidar la salud y prevenir el incremento sostenido de contagios de COVID-19, sin embargo, esta medida no es acompañada de resultados que comprueben su efectividad, ni hay una justificación que de pauta a la población del por qué se implementa de la forma que se hace.
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Por otro lado, vemos dos medidas implementadas en nombre de dos emergencias, la primera es justificada por la coyuntura de los huracanes Eta e Iota, el pasado mes de noviembre y la devastación que causaron al dejar sin casa a decenas de miles de familias, y la segunda la adquisición de vacunas contra el COVID-19.
En ambas medidas se cuestiona la transparencia con el que actuará el Estado, tanto en la adjudicación de contratos y compra de viviendas en el primer caso, como en la compra directa de vacunas en el caso de la emergencia sanitaria.
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Las emergencias de cualquier índole son una especie de tormenta perfecta para los gobiernos y la aprobación de compras o la adjudicación de contratos, por lo que son momentos en los que la sociedad civil, y ciudadanos en general, debemos actuar con mente fría y ver más allá de lo inmediato para poder evaluar la amenaza a la institucionalidad y al erario público que pueden significar estas medidas que se basan en la necesidad de los grupos vulnerables.