El mes de agosto en El Salvador presentó una serie de normativas para el análisis del Libertómetro. Todas ellas fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa oficialista. Empero, como ha sido la tónica en el actual escenario político, muchas de las piezas recibidas en el congreso han sido presentadas por el Ejecutivo.
También te puede interesar: Datos del libertómetro
El balance para este mes fue negativo para este país. De cuatro piezas que se tomaron en cuenta para el análisis, tres de ellas obtuvieron una calificación negativa en el respeto de las libertades. La única que resultó con una puntuación positiva (1) fue la «Ley de Disolución, Liquidación y Traslado de Funciones de la Dirección de Estadística Censos (DIGESTYC), aprobada el 9 de agosto.
La premisa para avalar la medida es que la institución a cargo para esta labor “debe modernizarse de acuerdo con la evolución y necesidades económicas del país, y las nuevas tecnologías para hacer más efectivos los procesos y productos estadísticos”, señaló el decreto.
Consideramos que esto parece positivo ya que se elimina una dependencia gubernamental. Sin embargo, no se establece claramente el mecanismo de funcionamiento, más allá de que las funciones se trasladan al Banco Central de Reserva y que Hacienda deberá colocar una asignación presupuestaria permanente ($4 millones) y presupuestos especiales para la ejecución de proyectos.
Los decretos que obtuvieron calificación negativa (todos con -1) son la autorización al Ministerio de Hacienda para la administración y manejo de pasivos, el aval para la transferencia de hasta $50 millones a las alcaldías y reformas aprobadas a la Ley de Firma Electrónica.
El primero de ellos establece que Hacienda “podrá hacer compra, canje o redención anticipada de Títulos Valores y la cancelación de deuda recomprada, recibida en canje o redimida u operaciones de similar naturaleza” (incluye corto, mediano y largo plazo, con mercado nacional o internacional).
Esto resulta sumamente peligroso, ya que el gobierno obtiene la total libertad de manejo tanto de los pagos y el entorno en que se realizan. Sobre este punto, la visión de diversos economistas es que Hacienda obtiene un margen de acción amplio para hacer maniobras con la deuda del país. Señalan que es una protección jurídica ante las decisiones que se tomen sobre el tema y que el alcance en materia económica dependerá de la decisión tomada.
Sobre el otorgamiento de recursos a los municipios por hasta $50 millones bajo el argumento de que serán empleados para pago de servicios básicos o para fines sociales, se establece que es un aprovechamiento irracional de los fondos públicos ya que para ello cada alcaldía cuenta con sus propios recursos.
Sobre las reformas a la Ley de Firma Electrónica, se considera que esta aprobación otorga diferentes condiciones a instituciones públicas, lo cual presenta una evidente desigualdad ante la ley. Dicho análisis se basa en que el decreto establece que las instituciones públicas que deseen acreditarse para prestar el servicio de certificación estarán excluidas del requisito de rendir una garantía por el monto adecuado al riesgo asumido por la prestación de los servicios de certificación.