El análisis del Libertómetro para el ejercicio 2021 mantuvo una constante en la puntuación para El Salvador. La tónica de los 12 meses fue a calificaciones negativas en el respeto a las libertades. El último reporte del año no fue la diferencia.
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En diciembre hubo varios puntos aprobados. Algunos temas llevaban varios lustros en la agenda legislativa, como la ley del agua; otros, en cambio, se han vuelto “viejos conocidos” de la última plenaria de cada año, como el subsidio al transporte colectivo.
Así, el Libertómetro analizó cinco leyes que fueron a avaladas por la Asamblea Legislativa. De estas, cuatro reportaron calificación negativa. La restante reflejó un dato neutro, es decir, bien por un lado y mal por otro.
La medida peor evaluada, con -2, corresponde a la aprobación de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). Esta normativa establece y regula las operaciones de la institución en el área, estableciéndola como el ente rector para la explotación del rubro. Además, señala que los fondos recaudados se usarán para contribuir al Estado en salud y asistencia social.
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En este caso, tras el análisis del decreto, resulta negativo no solo por la irracionalidad del fin de los fondos, sino que a esto se suma la auditoría de dichos recursos. Ya que la inspección de las operaciones de la LNB estará a cargo de un auditor interno nombrado por la misma entidad. Este es un punto que puede levantar sospechas dadas las diversas investigaciones sobre mal manejo de fondos y los señalamientos a funcionarios de la actual administración.
El otro punto aprobado al cierre del 2021 fue la reforma a la Ley de tarjetas de crédito (-1). Esta normativa resultó muy polémica en la evaluación. Esto debido a que establece una serie de parámetros que consideramos interesantes.
Primero, establece la prohibición de la contratación indiscriminada sin estudio de crédito y la emisión de tarjetas preaprobadas. Así como el cobro de comisiones por concepto de membresía, afiliación u otro de naturaleza análoga en las tarjetas de crédito con límite o disponibilidad de crédito igual o menor a $2,000. Esto resulta ser una injerencia estatal en la forma de operar del sector.
Cabe destacar que la mayor parte del articulado afecta al sector. De este, solo un punto fue tomado como positivo, y es que se prohíbe el acoso en el ofrecimiento de productos o servicios no solicitados.
Los restantes decretos que recibieron un puntaje de -1 son el subsidio al transporte colectivo y la exoneración del pago de renta a los aguinaldos. Sobre el primero es cuestionable la entrega de dicho beneficio a un sector, para lo cual se establece una contribución de $0.10 por cada galón de combustible comercializado. Además de que reciben las compensaciones de $250 (microbuses) y $500 (buses) de forma mensual y sin cumplir los requerimientos que la ley plantea.
Sobre la exoneración del pago de la renta a los aguinaldos hasta por un monto de $1,100, a simple vista parece una idea positiva para los bolsillos de los ciudadanos. Y en cierto modo lo es. Pero discrimina a una parte de la población: los que ganan arriba de ese monto. Bajo esa lógica resulta negativo.
Por último, con un resultado de cero, se evaluó la Ley General de Recursos Hídricos. Este es un tema que tenía 15 años en discusión en el congreso salvadoreño. Este año, en cuestión de meses, una comisión ad hoc aprobó el dictamen que da paso a la mencionada. Una iniciativa, como gran parte en la nueva legislatura, proveniente del Ejecutivo.
Esta aprobación es conflictiva. Por un lado, es positiva, ya que garantiza que la explotación del bien público (agua) se realizará de forma correcta. Empero, resulta dudoso que no pueda convertirse en una herramienta de expropiación. Además, se presenta peligrosa dado que los permisos son otorgados solo por el gobierno. Y estos podrían ser avalados de forma inadecuada y sin análisis previo.