En Panamá, diversos gremios de periodistas y medios de comunicación denunciaron nuevas amenazas de represión al ejercicio periodístico. Señalan que el objetivo de reprimir la libertad de expresión es silenciar la opinión pública.
Por medio de una conferencia en la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Guillermo Antonio Adames, presidente del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), expuso que “la libertad de expresión y el derecho de la ciudadana de escoger cómo informarse ha estado bajo ataque”. Al respecto, agregó que “llegó el momento de poner un alto al acoso”.
Dentro del pronunciamiento, suscrito también por el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información y la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR), señalan la vulneración del sistema judicial por parte de la “clase política y empresarios corruptos”.
Sobre este punto, Adames añadió que hay precedentes que demuestran la vulnerabilidad del sistema judicial. Además de la incapacidad del gobierno para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a expresar opiniones sobre la cosa pública.
“No nos quedaremos callados ante nuevas amenazas para reprimir el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión para todos los ciudadanos en Panamá”, recalcó Adames. quien reiteró que dichos principios no solo están establecidos en la Constitución como “una garantía fundamental de los ciudadanos, sino también en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Panamá es signataria”.
Por otro lado, señaló que en Panamá se permite la penalización de la calumnia y la injuria y no establecen límites en las cuantías para las demandas civiles y secuestros judiciales por supuestos daños morales.
Asimismo, cuestionó la permisividad para el secuestro de bienes de propiedad de medios de comunicación y el uso de argumentos confusos relacionados a delitos como violencia de género, violencia política y maltrato de menores para procesar penalmente a ciudadanos.
De acuerdo a Adames, estas “deficiencias institucionales” tienen como objetivo “silenciar la opinión pública” y permitir de manera sistemática el “acoso, la persecución, la intimidación y las amenazas”.