Días atrás, el Congreso costarricense aprobó la legalización del cultivo, producción, industrialización y comercialización del cáñamo y del cannabis medicinal. La normativa recibió el aval tras tres años de discusión. Empero, el gobierno aún no ha anunciado si sancionará o vetará la medida. Mientras, las presiones de diversos sectores continúan: unos para que se ratifique y otras pidiendo un paso atrás.
Al respecto, el presidente costarricense, Carlos Alvarado, está siendo presionado por los diputados de su partido para que firme el proyecto de ley. Durante la sesión plenaria el lunes 24 de enero, Laura Guido Pérez, jefa de la bancada de Acción Ciudadana (PAC), instó al mandatario a sancionar la ley que se aprobó en el pleno el pasado 13 de enero.
La parlamentaria argumentó que la normativa permitirá combatir el mercado ilegal. Además de brindar acceso a las personas con enfermedades crónicas y tratamientos alternativos. Asimismo, señaló que se beneficiará al sector productivo por medio de la generación e investigación de este mercado.
“Por razones de índole humanitario, las personas que más necesitan estos tratamientos son las que acceso tiene a ellos debido a la forma en la que está en este momento construido el mercado”, explicó. Y señaló que por esa razón las personas se arriesgan avocándose a mercados ilegales.
Guido añade que es el mercado productivo el que está quedando fuera. “Sabemos que estos productos están para arriba y para abajo en nuestro país, pero no es el sector productivo el que se beneficia de las oportunidades de producir, investigar y desarrollar”, expuso.
Iglesia pide reflexionar la medida
Por su parte, la Iglesia Católica solicitó al gobierno y a los parlamentarios “reflexionar” sobre el proyecto de ley que se aprobó en segundo debate. José Manuel Garita, presidente de la Conferencia Episcopal, considera que la normativa contiene disposiciones que presentan riesgos para la salud y la seguridad pública, además de algunas incongruencias.
La Iglesia argumenta que puede darse un “difícil control de las plantaciones ilícitas”. Además, indica que teme que “un cultivo descontrolado de cannabis psicoactiva” provoque un “grave daño a la salud pública”.
El gobierno ha señalado que enviará a la Asamblea una contrapropuesta. Empero, la oposición considera que es un mecanismo para justificar un eventual veto al proyecto.