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El Congreso de Costa Rica se acerca al inicio de su periodo vacacional por la Navidad y el fin de año. Durante lo que resta del año son cinco las iniciativas que llenan la agenda del órgano legislativo. Se prevé que los parlamentarios finalicen labores este año el próximo 23 de diciembre. Dicho receso finalizará el 3 de enero de 2022.

Préstamos

Uno de los puntos en agenda se refiere a la aprobación de dos préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cada uno de estos empréstitos, por un monto de $250 millones, se plantea serán utilizados para apoyar la sostenibilidad fiscal y ayudar a la restauración del crecimiento económico del país.

El gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, presiona para que ambos préstamos se avalen antes del 20 de diciembre. El Ejecutivo señala que ayudarán a tener un ahorro de hasta $12 millones en intereses, a las reservas del Banco Central de Costa Rica y a contener la devaluación del colón.

Presupuesto extraordinario

En el noveno presupuesto extraordinario 2021 se incorporaron $80 millones de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la compra de 9 millones de vacunas contra el coronavirus.

Asimismo se incorporan ¢20,903 millones para el Programa Comedores Escolares, ¢5,000 millones para el Instituto Mixto de Ayuda Social y ¢2,400 millones adicionales para el Programa Avancemos.

Legalización de marihuana medicinal

Otro punto en agenda es la aprobación final para legalizar la producción, comercialización y consumo de marihuana con fines medicinales y terapéuticos. La propuesta establece además un impuesto del 1 % sobre las utilidades que deban pagar las personas físicas o jurídicas que se dediquen al cultivo. Asimismo indica que el 40 % de las licencias para cultivar la planta se deberán otorgar a las mipymes.

Ley de Empleo Público

El proyecto de Ley de Empleo Público pretende poner un freno a los abusos salariales en el sector público. Empero, plantea una nueva serie de licencias con goce salarial. Esta iniciativa forma parte de los acuerdos del gobierno con el FMI para un financiamiento por $1,778 millones.