La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central, República Dominicana y el Caribe (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaron a El Salvador a realizar una investigación por el espionaje a periodistas con el software Pegasus.
De acuerdo con un informe del laboratorio Citizen de la Universidad de Toronto y la iniciativa Access Now, los teléfonos móviles de al menos 35 miembros de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador fueron intervenidos con el referido software malicioso.
Según el peritaje, de las 35 personas, al menos 22 son miembros periódico digital salvadoreño El Faro. Y de estos, 19 se encontraban bajo medidas cautelares de la CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), desde enero del año pasado.
Por medio de un comunicado publicado este lunes 31 de enero, la CIDH, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la OACNUDH llaman a El Salvador «a investigar los hechos denunciados». Además, recalcan que debe «velar por la protección de la integridad de las víctimas».
Agregan que el gobierno debe proporcionar libertad de expresión y el derecho a la privacidad, “en particular respecto del ejercicio del periodismo y de la labor de las y los defensores de derechos humanos».
Asimismo, las organizaciones solicitaron “investigaciones conducidas con la debida diligencia y que sean completas, efectivas e imparciales».
De acuerdo con el documento presentado, El Salvador afirma que el origen de las “intervenciones es desconocido”. Razón por la que se encuentra desarrollando las investigaciones correspondientes. Esto con el objetivo de determinar la responsabilidad y autoría de los referidos hechos, mismo que “habrían vulnerado también dispositivos y comunicaciones de funcionarios estatales», añade el documento.
Además, la CIDH, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la OACNUDH solicitan una moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y uso de la tecnología de vigilancia hasta que «se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos».