Los datos obtenidos tras el análisis de las medidas evaluadas por el Libertómetro en el mes de julio revelan resultados negativos en cuanto al respeto de las libertades económicas, individuales y políticas. La puntuación global del istmo arroja una puntuación de -62.40 %.
Al dar un vistazo a cada país de la región, las naciones que conforman el Triángulo Norte encabezan los resultados. En primer lugar se ubica Honduras, con una puntuación de -80 %; le sigue de cerca El Salvador, con -79.30 %; y en tercer puesto aparece Guatemala con -40 %. Más atrás están Panamá (-34 %) y Costa Rica (-9.10 %).
Cabe destacar que entre todo el pliego de leyes evaluadas en el mes de julio (51 en total) hay un factor común en las medidas consideradas más negativas. Y es que cada uno de los países centroamericanos dio luz verde a normativas enfocadas en la restricción de derechos fundamentales y la movilidad de la población.
Estas han tenido como eje de justificación la emergencia sanitaria por el coronavirus. Esto sin importar que se violenten libertades económicas e individuales, como la libertad de tránsito y el derecho al trabajo. Las aprobaciones han variado desde la declaratoria de estado de prevención nacional, suspensión de concentraciones, restricciones vehiculares por horas y el establecimiento de medidas de movilidad.
Asimismo, el análisis regional del mes presenta que las acciones catalogadas más peligrosas para Centroamérica tienen que ver con las restricciones relacionadas al covid-19 (aprobadas en El Salvador, Honduras y Panamá). Ante este punto se mantiene la incertidumbre de la posibilidad de nuevos cierres totales de la economía. Algo que sin duda afectaría aún más a los sectores productivos, golpeados por la medidas adoptadas en 2020 para tratar de contener el avance del virus.
Empero, a estas se añaden dos de índole económica. En El Salvador, por ejemplo, se ratificó el incremento de monto de capital autorizado del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la suscripción de acciones nuevas para el país. Mientras que en Panamá se prorrogó un decreto que regula los precios de más de una docena de productos que componen la canasta básica familiar.
Sin embargo, entre el universo de 51 medidas calificadas por el Libertómetro, hay algunas que destacan como las más positivas o prometedoras. Por ejemplo, en el caso de Guatemala se aprobó una política pública de protección a la vida e institucionalidad de la familia.
Por su parte, en Costa Rica se reformó el procedimiento de ingreso, documentación y permanencia legal de personas extranjeras, con lo que se da paso a la creación de fuentes de empleo para migrantes que busquen trabajar en el rubro de la agricultura.
Y en el caso de Panamá, destaca el establecimiento de condiciones para la obtención del bono solidario. Previamente quienes recibían el dinero lo hacían sin dar alguna retribución. En cambio, ahora deberán comprometerse a recibir una capacitación o al desarrollo de trabajo comunitario por 24 horas.
Queda por ver cómo se desenvuelven los países de Centroamérica en los meses que restan del presente año. Pues mientras la pandemia por covid-19 parece que seguirá por un buen tiempo, se mantiene abierta la ventana los gobiernos empleen dicha carta para prolongar o establecer nuevas medidas restrictivas y se continúe afectado a los ciudadanos.