Durante la sesión plenaria ordinaria N.º 18, los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron, con dispensa de trámite, dos piezas de correspondencia en el sentido de reformar la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Ambas piezas estipulan, entre otros puntos, la remoción y envío a retiro de jueces y fiscales mayores de 60 años o con 30 años de servicio.
La reforma a la carrera judicial, que se aprobó con 63 votos a favor y 18 en contra, establece que «el ejercicio de la función de magistrados y jueces cesará, de manera obligatoria, cuando las personas que ejercen dichos cargos cumplan sesenta años de edad, lo cual implica el cese del funcionario en su cargo, la presente regla no aplicará a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia».
Asimismo, la normativa avalada faculta «ordenar traslados por razones justificadas de conveniencia del servicio; o por la necesidad, en una determinada sede judicial, dada la complejidad y especialidad de los asuntos que ahí se traten».
Por su parte, con 64 votos a favor y 18 en contra, se avaló reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Dando la facultad para retirar a los fiscales mayores de 60 años y realizar traslados de funcionarios en dicha institución. Esta última acción estará a cargo del fiscal general.
“La carrera fiscal se regirá por las disposiciones de la presente ley y los reglamentos que de conformidad con la misma dicte el fiscal general, este régimen prevalecerá sobre cualquier otra disposición de carácter general”, estipula la normativa.
Jueces rechazan medida
Tras la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, magistrados, jueces de Primera Instancia y jueces de Paz rechazaron el decreto que faculta a la corte plena hacer traslados y remover a los jueces.
En un comunicado, los jueces y magistrados tildaron de ofensivo e indigno la normativa que establece el cese de labores para quienes tienen más de 60 años de edad. Agregan que con la medida se han violado sus derechos constitucionales, de trabajo y estabilidad laboral. Además del derecho de igualdad, dignidad humana, debido proceso y seguridad jurídica.
Asimismo, indicaron que el decreto es inconstitucional. Esto debido a que la Asamblea no tiene iniciativa en los temas relacionados a la ley judicial, externaron.