La Asamblea Nacional de Panamá decidió suspender la discusión en primer debate del proyecto de ley 364. Dicho proyecto establece la descentralización de la administración pública y dicta otras disposiciones.
La Comisión de Asuntos Municipales del congreso se mantenía en sesión permanente desde hace varias semanas. Al respecto, el diputado Javier Sucre, presidente de la comisión, informó que se proseguirá con la discusión y las consultas hasta el 2 de enero de 2022.
La iniciativa de ley 364 pretende modificar la Ley 37 del año 2009 y ha permanecido en discusión durante meses. Desde el 13 de marzo del año pasado, cuando se declaró el estado de emergencia por la pandemia de covid-19 en Panamá, la ley de descentralización ha sido modificada en tres ocasiones. El objetivo de dichos cambios ha sido que los municipios y las juntas comunales utilicen los fondos de inversión y sus acumulativos para efectuar “la compra de medicamentos y ayudas sociales” a los ciudadanos.
Y es precisamente esa erogación de fondos la que ha estado bajo el ojo público. Durante las últimas semanas, la entrega de fondos de la descentralización ha permanecido bajo escrutinio luego de la transferencia extraordinaria de millones de dólares a las juntas comunales controladas por el oficialista Partido Revolucionario Democrático.
Reportes de prensa de Panamá indican que la junta comunal de Barrio Norte, en Colón, recibió $1.7 millones entre junio y agosto pasado sin que se explique para qué es este dinero.
Sobre la discusión del proyecto, el diputado Sucre manifestó que el próximo año continuarán las consultas. En dicho proceso, dijo, se tomarán en cuenta a todos los gremios y las instituciones que estén interesadas en participar de la discusión de la iniciativa. Esto con el fin de “unificar criterios y fortalecer esta normativa”, aseguró el parlamentario.
El debate toma especial importancia para ciudadanos y parlamentarios debido a que la Comisión de Asuntos Municipales es la encargada de discutir las modificaciones a los montos que le corresponden a cada municipio. Además de buscar ampliar las instancias de participación y la fiscalización ciudadana en la norma.
Por ende, señalan que el debate de la normativa es importante para el desarrollo del país.