Luz a la política y oscuridad a la transparencia
El mes de septiembre evidenció nuevamente que a escala centroamericana los Estados están más enfocados en medidas de índole política y relacionadas a la pandemia. En este último específicamente en la restricción de derechos. Mismos que afectan a sectores productivos y por ende a la población.
Asimismo, con la excusa de la crisis sanitaria son cada vez más evidentes los pasos hacia la oscuridad en el pilar de la transparencia, sobre todo en el manejo de los fondos públicos.
Una vez más, el análisis de las medidas aprobadas en los países de la región por medio del Libertómetro arrojó un resultado promedio negativo. De manera global, en septiembre el puntaje de las naciones evaluadas fue de -15.80 %.
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El ranking coloca a la cabeza a Honduras, con una puntuación de -100 %; le sigue Guatemala, con -66-70 %; mientras que El Salvador, con un -17.40 %, es tercero. No muy atrás aparecen Costa Rica (-16.70 %) y Panamá (.14.30 %).
Este mes El Salvador cuenta con la medida más negativa. Esta se refiere a la habilitación por parte de la Sala de lo Constitucional a la reelección presidencial. En este panorama hay que tener en cuenta que los actuales magistrados fueron impuestos por la bancada oficialista de la Asamblea. Al respecto, diversos sectores de la sociedad ven este punto como un guiño para allanar el camino para que el actual gobierno se mantenga en el poder en 2024.
En dicha escala, Costa Rica presenta una medida con calificación de -3 %, al igual que El Salvador. Esta se refiere a medidas restrictivas para la circulación vehicular por el tema del covid-19.
Misma calificación entrega Panamá con una salvaguarda a productos agrícolas. Esta herramienta es vista como negativa debido a la afectación que genera para el libre mercado. Pues lejos de ser un mecanismo de apoyo, genera estragos económicos y perjudica la libertad de los consumidores para elegir.
En Guatemala, como ha sido la tendencia por varios meses, el presidente de la República intentó aprobar una vez más el Estado de Calamidad. Lo que incluía toques de queda, supresión de derechos y la restricción de la libertad de acción, entre otros.
Siempre en el tema de la pandemia, este escenario ha abierto una brecha para el ocultamiento de información sobre el uso de los recursos estatales. En Honduras, el Congreso aprobó un decreto declarando reserva total de los contratos de compra de vacunas contra el virus por un período de hasta 10 años. Y si la medida genera desconfianza, la forma también: pues no se dio a conocer el nombre de los 128 legisladores que dieron su voto por la medida.
Por tanto, al igual que el mes previo, el istmo centroamericano continúa en conflicto con la transparencia y el respeto a los derechos de los ciudadanos.