El 2023 en El Salvador arrancó manteniendo una constante de los últimos meses con relación al respeto de las libertades económicas, individuales y políticas. Puntos que se han visto incluso pisoteados durante la actual gestión del Ejecutivo. Y que lejos de parecer que habrá un cambio, se vislumbra que va enraizándose más.
La producción y aprobación de normativas desde la Asamblea Legislativa, comandada por la bancada oficialista, mantiene un flujo constante. El método de operación para presentar estas leyes -en gran porcentaje- sigue siendo el mismo: son enviadas por el Ejecutivo, no tienen discusión técnica en las comisiones, son presentadas al pleno con dispensa de trámite y se aprueban sin análisis y de manera exprés.
En enero, el Libertómetro analizó cuatro de las leyes avaladas en el Salón Azul. En general, la puntuación obtenida por todas estas normas fue negativo por su irrespeto a las libertades desde varios de sus diversos subíndices.
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Una de estas fue la Ley de Activos Digitales. Con esta medida se establece el marco legal que otorgue certeza jurídica a las operaciones de transferencia a cualquier título de activos digitales que se utilicen en las emisiones de ofertas públicas realizadas en el territorio de El Salvador.
Con ella se creó la Comisión Nacional de Activos Digitales y la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin como instituciones de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, con autonomía económica, financiera y administrativa. Las cuales estarán vinculadas al Ministerio de Economía.
Esto representa una medida negativa debido a que atenta contra la libertad económica, regulando aspectos que no deberían estarlo en nombre de la certeza jurídica. Su calificación fue de -2.
La siguiente evaluación se realizó a la ampliación del periodo para que las personas sujetas a la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero puedan realizar inscripción por primera vez o modificaciones de residencia en el DUI hasta 90 días antes de la fecha establecida por el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones del año 2024.
Su puntuación fue de -1 por atentar contra las libertades individuales, además representar desigual ante la ley, ya que están dando a los salvadoreños en el exterior diferentes condiciones para votar.
La siguiente normativa evaluada fue la Ley de Compras Públicas. Su puntuación fue de -1 por atentar contra las libertades económicas. Esta ley evidencia el control total del Ejecutivo centralizando las compras por ley, pues el procedimiento establece las normas básicas que regularán el ciclo de la compra pública. Lo cual deja a total discreción del Gobierno cualquier compra, aun cuando habla de descentralizar las compras y agilizar procesos.
Y por último se evaluaron los incentivos fiscales en proyectos ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Con esta aprobación se exonera del pago de impuestos alrededor de la construcción del Proyecto Bypass en San Miguel y al programa de rehabilitación y reparación de obras afectadas por la Tormenta Tropical Julia, en municipios priorizados a escala nacional. Esta aprobación recibió una calificación de -1 por representar desigual ante la ley.