La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), condenó la «falta de garantías» en los juicios que se realizan a opositores en Nicaragua. A la vez, llamó al gobierno de Daniel Ortega a la liberación de todos los detenidos desde las protestas ocurridas en el año 2018.
Por medio de un comunicado, la CIDH dijo que «el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) recibió información sobre graves afectaciones al derecho penal y falta de garantías judiciales».
Además, la CIDH denunció varias anomalías, entre ellas la manipulación de pruebas, acusaciones basadas en testimonios de funcionarios públicos, obstaculización para acceder a los expedientes previo al juicio y la negativa de la autoridad judicial para tramitar peticiones y recursos
La Comisión indicó que también hay reportes de hostigamiento, acoso policial y despojo de pertenencias a representantes legales. Este apartado están incluidas revisiones con tocamientos indebidos a mujeres abogadas y familiares.
«Resulta especialmente preocupante que continúen estos procesos (…) que impiden el ejercicio de libertades públicas contrario a los estándares interamericanos y la consecuente imposición de penas desproporcionadas», manifestó la CIDH.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) indicó la semana pasada que desde la reanudación de los juicios a opositores presos el 1.° de febrero, suspendidos de forma arbitraria en septiembre, siete recibieron han recibido condenas de hasta 13 años por «menoscabar» la integridad nacional.
Estas personas condenadas forman parte del grupo de 46 opositores, entre los que hay siete exaspirantes presidenciales. Estos últimos, la mayoría fueron detenidos meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado. En dichos comicios, Ortega, líder de la exguerrilla izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se agenció su cuarto mandato consecutivo.
Ortega, quien se mantiene en el poder desde 2007, tilda a los opositores de «criminales» y «delincuentes» que pretendían un golpe de Estado con ayuda de Estados Unidos.
Además de los 46 detenidos mencionados, se añaden otros 124 opositores encarcelados en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales iniciadas en abril de 2018.
La CIDH reiteró el llamado a liberar «inmediatamente» a todos los opositores presos. La Comisión denunció “las deplorables condiciones de detención y el grave deterioro de la salud» de algunos de ellos.