La situación convulsa en la política hondureña parece que no parará pronto. Mientras aún no se resuelve el tema de la legalidad del Congreso de Honduras, la nueva presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, promulgó este sábado una ley que exoneró de delitos diversos a funcionarios del gobierno del derrocado Manuel Zelaya.
Cabe destacar que Castro llegó al poder en la nación centroamericana con la promesa de combatir la corrupción. Asimismo, Manuel Zelaya, quien fue presidente entre 2006 y 2009, es el esposo de la mandataria.
La normativa fue avalada el pasado jueves por la noche en la Asamblea presidida por Luis Redondo, diputado leal a la presidenta Xiomara Castro.
Por el momento, la legalidad del Congreso sigue en entredicho y la disputa de la legitimidad de la presidencia del Parlamento, entre Redondo y su directiva y la compuesta por Jorge Cálix, quien fue electo por disidentes del partido de gobierno y apoyado por parte de la oposición, se mantiene.
Las negociaciones en este tema se mantienen y en ellas participa Manuel Zelaya, quien funge como coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre).
Publicado en La Gaceta
Dicha situación del Parlamento no le importó a la mandataria, quien promulgó la norma. Esta fue publicada el sábado en La Gaceta oficial. Dicha acción vuelve válida la norma. La «Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional y para que los Hechos no se Repitan» concede «amnistía general, amplia e incondicional (…) a funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero 2006 al 28 de junio 2009».
La medida incluye a «acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el Golpe de Estado (contra Zelaya) y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados».
Asimismo, la amnistía favorece a quienes fueron encarcelados por manifestarse contra la reelección Juan Orlando Hernández en 2017.
Diversos sectores manifiestan que la norma, además de favorecer a funcionarios de Zelaya procesados tras su derrocamiento, podría hacerlo con otros que podrían estar involucrados en actos ilícitos.
«No podemos permitir que los delitos contra la administración pública puedan ser eximidos», dijo Odir Fernández, representante del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
La decisión de Castro ha sido rechazada incluso por su recién nombrado ministro asesor en materia de Transparencia, Edmundo Orellana. Por medio de su cuenta de Twitter, dijo: «Un nuevo pacto de impunidad”.