La comisión ad hoc que estudia las propuestas de reformas a la Constitución de El Salvador entró en la recta final. El equipo, comandado por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, espera entregar el documento final al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, el próximo 15 de septiembre.
Esta semana, el vicemandatario manifestó que en el borrador de reformas a la Carta Magna se proponen 215 modificaciones, 182 reformas puntuales y 147 nuevos contenidos. Además de siete artículos nuevos, ocho sustituciones y un total de 18 derogatorias. Explicó que este documento será consultado con organizaciones y el sector académico.
Entre los cambios que se plantean está que el periodo presidencial quede establecido en seis años. En esta propuesta de reforma al artículo 154 de la Constitución, si bien se mantiene el principio de alternabilidad, deja abierta la posibilidad de una reelección temprana.
Actualmente en El Salvador las presidencias de la República tienen una duración de cinco años. Sobre la reelección, la Constitución establece que se puede llevar a cabo tras dos periodos, es decir 10 años. Empero, la enmienda propuesta agrega un inciso que señala que para buscar nuevamente la presidencia deberá transcurrir un periodo equivalente a su mandato.
Asimismo plantea una “armonización” de los mandatos de diputados, alcaldes y funcionarios de segundo grado. Así, indica que los periodos presidenciales deben ser de seis años, para alcaldes y diputados de tres (con límite de tres gestiones para reelegirse), seis años para puestos de segundo grado y nueve años para magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Por otro lado, propone que el artículo 83 establezca la opción de realizar consultas a través del plebiscito, referéndum, revocatoria de mandato presidencial y las iniciativas de los ciudadanos. Sobre el artículo 85, se plantea la eliminación del texto que establece que “la existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático”.
Otros puntos que se proponen son la supresión de la Corte de Cuentas y la Sección de Probidad, las cuales se integrarían a una nueva institución que se denominaría “Contraloría General de la Nación”.
En el tema del aborto, si bien no lo regula, sí establece derechos iguales para la madre y el no nacido. Además, contemplaría el derecho a donar órganos y a la muerte digna.