Por: Movimiento 300
El Salvador
El análisis de marzo incluye un total 17 medidas (54.5% más que el mes anterior). De estas, el 52.9% obtuvo una calificación negativa, todas emitidas por el Órgano Legislativo; las medidas positivas alcanzaron el 35.3% del total, la mitad de las cuales fue emitida por el Órgano Legislativo y la otra mitad por el Órgano Judicial. Hubo dos medidas neutras (11.8%): por una parte, las reformas a la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor, que no modificaron la valoración previamente realizada; por otra, una resolución de controversia emitida por la Sala de lo Constitucional, que al final ratifica las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa a la Ley del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. La intensidad del trabajo fue 54.5% superior a la del mes anterior, enfocado en la última quincena del mes; esto puede obedecer a un efecto del resultado electoral del 28 de febrero, que dejó a varios diputados actuales fuera del siguiente período, intentando de alguna manera “acabar la tarea” antes de salir.
La puntuación de las medidas positivas tuvo un comportamiento bastante uniforme. El promedio de notas positivas fue de 3.33 (17.7% mayor al del mes previo), con una desviación estándar de 2.16 (25.6% mayor a la del mes anterior), sin datos atípicos. Entre ellas, destacan las delimitaciones territoriales entre los municipios de San Antonio Los Ranchos y San Miguel de Mercedes (Chalatenango), así como entre San Pedro Masahuat y Santiago Nonualco (La Paz); podrían parecer pequeñas e intrascendentes, pero en realidad representan el ideal de la labor del estado en una sociedad libre: brindar certeza jurídica sobre las normas que rigen en un territorio determinado, facilitando así la actividad inmobiliaria en particular y empresarial en general. También porque beneficia las libertades individuales, al dar certeza sobre las reglas que aplican en temas relacionados a ordenanzas municipales, que surgen muchas veces para regular temas como las horas límite para la apertura de ciertos servicios, en los que se realizan reuniones y asociaciones con fines lícitos de esparcimiento.
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La puntuación de las medidas negativas también se comportó de manera uniforme. El promedio de notas negativas fue de -1.78 (42.4% peor que el del mes anterior), con una desviación estándar de 1.56 (212% más disperso que el mes previo), sin datos atípicos. Particular énfasis merece la Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas (calificación de -5, más de 2 desviaciones estándar peor que la nota media negativa). Más allá de las nobles (¿ingenuas?) intenciones de la ley, de proteger los derechos fundamentales de las personas que intentan salir del país en busca de mejores oportunidades de vida, se critica que vuelve un delito la acción de ayudar a otros a burlar los controles migratorios que atentan contra la libre y pacífica circulación de personas entre territorios. Se habla de “víctimas” y de varios roles involucrados en el tráfico ilegal de personas, pero no considera para nada esta ley la posibilidad (real en los “shithole countries”) de que las personas quieran salir voluntariamente de un lugar donde deben evacuar sus lugares de residencia por la amenaza de delincuencia organizada, donde no pagar una extorsión es motivo de secuestros o asesinatos. De forma soberbia, los políticos no tienen la delicadeza de pensar que puede haber alguien que pida este “servicio” para mejorar su situación de vida.
A nivel conceptual, el avance de marzo de 2021 tiene un matiz económico. Dos de los tres pilares de la metodología utilizada mostraron notas promedio positivas, siendo la mayor la de libertades económicas, con una nota de 0.35. El subíndice que más mejoró en el mes fue el de la seguridad jurídica en la actividad empresarial, que subió en el 29.4% de las medidas analizadas. Por su parte, las libertades políticas mostraron un promedio de 0.06, con el subíndice de respeto a la primacía de la Constitución sobre otras leyes y reglamentos como el más beneficiado, en el 11.8% de las medidas analizadas. Finalmente, el pilar de libertades individuales retrocedió con una nota de -0.18, siendo el subíndice más vulnerado el del derecho al trabajo, propiedad y posesión.
Así la libertad en El Salvador durante marzo de 2021, un mes marcado políticamente por la puesta en firme de los resultados de las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero. La legislatura 2018-2021 acaba en el siguiente mes y será interesante observar y analizar el énfasis a imprimir en una Asamblea Legislativa diezmada en su rol de control del poder central.