Asdrúbal Vargas
AMAGI, Costa Rica
El mes de febrero se caracterizó por una agenda legislativa en donde el presidente de la república quiso transmitir cierto sentido de urgencia. Fue posible identificar titulares de prensa donde se le solicitaba a los diputados trabajar horas extra con el fin de sacar adelante la agenda legislativa. Sin embargo, como incluso denunciaron algunos diputados de bloques opositores, realmente la agenda legislativa convocada por el presidente no representó una visión cohesiva de reactivación económica, o de algún área en específico. La agenda incluyó desde benemeritazgos a la patria, hasta la creación de una nueva agenda espacial para el país.
Febrero concluyó con proyectos legislativos que podrían generar posiciones encontradas respecto a si representan más o menor libertad en el país. Un ejemplo es la Ley Concursal, la cual tiene dentro de sus propósitos simplificar las etapas procesales dentro de algunos transcursos judiciales, en donde, como mencionan sus defensores, se permitiría el acceso de una manera más rápida y expedita a la justicia. Sin embargo, algunos detractores señalan que es una ley la cual está diseñada de manera que podría comprometer a las partes más vulnerables de la relación jurídica como, por ejemplo, los deudores de créditos, en donde estos se verían necesariamente obligados a negociar con los sectores bancarios antes de buscar un procedimiento judicial. No obstante, desde un punto de vista de seguridad jurídica y acceso a la justicia, es un proyecto muy interesante debido al aspecto positivo de simplificar los trámites necesarios y acortar el tiempo invertido por los ciudadanos.
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Otro proyecto interesante fue la ampliación de las juntas directivas de las diferentes asociaciones, y demás, debido al impedimento de realización causado por la crisis sanitaria que vive el país. Es positivo que no se vea comprometida la composición de las asambleas, para así no afectar la libertad de asociación en el proceso. A pesar de esto, es importante valorar que dicha ley no hubiese sido necesaria si, quizás, muchas de las medidas de restricción implementadas por el gobierno no hubieran estado en vigencia.
En conclusión, este es un proyecto que muchas personas podrían catalogar favorable, desde el punto de vista de la libertad -por no afectar la libertad de asociación, representada en estas organizaciones- pero otras personas podrían mencionar que fue la solución a un problema originado por las limitaciones que las restricciones gubernamentales, en miras de contener el COVID-19, repercutieron sobre las libertades mencionadas.
Así mismo, en momentos tan delicados donde el país se aproxima a una posible reforma estatal, de la mano de la necesidad de tomar medidas más drásticas para solucionar el problema del balance financiero de la república, se aprobó la creación de una nueva agencia espacial, la cual no queda claramente definidos sus objetivos, plazos y sobre todo, cuáles son las fuentes de financiamiento, de forma tal que sea un proyecto sostenible a largo plazo.
Otro proyecto preocupante que fue aprobado por la asamblea legislativa este mes fue el proyecto que busca evitar el tras ciego y la adulteración de bebidas alcohólicas en el país. En principio este es el proyecto que pareciera venir a proteger la seguridad jurídica y la continuidad de operación de todas las empresas que legalmente se encuentran constituidas en el país produciendo alcohol, pero lo cierto es que, en realidad, se trata de un proyecto de etiquetado frontal que lo único que viene a hacer es encarecer el costo de los productores locales, implementando una medida que, dicho sea de paso, ha sido mal ejecutada en varios países de la región sudamericana, cuyos efectos -el propósito de la ley- no han podido ser demostrados mas si es posible identificar el encarecimiento de los costos de producto, afectando a los consumidores y productores.
Uno de los clamores más fuertes de la población, durante los meses pasados -que dicho sea de paso se ha venido analizando desde el libertómetro- es, los reclamos ciudadanos ante la inexistencia de una agenda definida de reactivación económica. Esta percepción es evidente desde cualquier espacio, por lo cual, ante esto, el presidente -durante las sesiones extraordinarias- convocó un proyecto que refleja parte de la línea de lo que él mismo tienen en mente cuando piensa en reactivación económica, este fue el proyecto de ley de apoyo a Banca para el Desarrollo en el contexto de COVID-19, cuyo propósito es apoyar a diferentes emprendedores que han cerrado debido a la pandemia.
Si bien es cierto, el estímulo del crédito podría ser una herramienta importante para que los sectores productivos, y el país en general, vuelvan a caminar, lo que genera profundas dudas es que la Banca para el Desarrollo ha sido sujeta a profundas críticas en el pasado. Aunado a esto, se encuentra la preocupación de que contraloría, en un informe reciente, menciona que aproximadamente 19.524 millones de colones, fueron entregados de manera irregular a la hora de entregar el bono proteger. Por esa razón, es de resaltar la necesidad de fiscalización en estas nuevas leyes, si realmente se pretende que estos recursos tengan el propósito establecido por el legislador.
Por último pero no menos importante, una de las buenas noticias fue la aprobación de la Ley Contra el Hostigamiento y Acoso en el Deporte. Esta ley viene a proteger las libertades individuales, en especial de las mujeres que han sido acosadas en estos espacios. La importancia de reforzar el respeto de cada individuo en todos los espacios es un asunto de suma necesidad. Esto es un paso importante para la construcción de una sociedad donde todas y todos los individuos sientan la libertad de desarrollarse en el ambiente de su preferencia.
Para este mes de febrero el porcentaje obtenido fue de 10.9% por la herramienta el Libertómetro no necesariamente coincidirá con las reales necesidades de nuestro país en las circunstancias que nos encontramos