Por: María Isabel Bonilla
CIEN, Guatemala
Las anunciadas medidas para la apertura económica y el fortalecimiento institucional son acciones que siguen pendientes al finalizar el segundo mes del año. Desde el año 2020 se ha esperado la discusión de normas favorables a la inversión, la construcción de infraestructura, apertura de mercados y otras. Sin embargo, no prosperaron en el año 2020 en el Congreso de la República y el proceso se ha visto opacado por el tema de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, a las Salas de Apelación y a otros tribunales de similar jerarquía. Esta función está a cargo de los diputados, quienes finalmente iniciaron con la elección durante el mes de febrero (iniciaron con la elección de los magistrados a las Salas de Apelaciones que son 135 titulares y 90 suplentes) Ya desde el año 2020 se advirtió que la elección tardaría varios meses luego que la Corte de Constitucionalidad resolvió una acción de amparo indicando que la elección debía hacerse a viva voz por parte de cada diputado (160 en total), quien debe indicar por qué vota a favor o en contra de cada candidato. En el mes de febrero únicamente se avanzó con un primer candidato, y el procedimiento duró más de hora y media para que al final no fuera electo.
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Por otra parte, de forma paralela se inició el proceso de elección del magistrados titular y suplente que integrarán la Corte de Constitucionalidad a partir del mes de abril. En este caso, son el Organismo Ejecutivo, el Organismo Legislativo, el Organismo Judicial, el Consejo Superior Universitario de la Universidad San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados y Notario de Guatemala, quienes elegirán cada uno a un magistrado titular y a su suplente. Este procedimiento está siendo cuestionado por la falta de independencia de los magistrados que resulten electos, como ya se ha visto en otras ocasiones. Además, se ha cuestionado la calidad ética, moral de los candidatos y que, a pesar de los señalamientos públicos en contra de algunos, continúan en el proceso de elección.
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Lo anterior, ha mermado la confianza en las instituciones que imparten justicia en el país, pues se ha puesto en duda la legitimidad de los magistrados que siguen en sus puestos luego de más de 18 meses de retraso en la elección de sus sustitutos, y se cuestiona la legalidad de algunas opiniones y sentencias de la Corte de Constitucionalidad para favorecer medidas políticas cuestionadas en el país. De esta forma, en lugar de promover la elección de magistrados probos e independientes, así como de una justicia pronta y cumplida como indica la Constitución Política, se observa un distanciamiento respecto de estos principios, convirtiendo a la Corte Suprema, a las Salas de Apelación y a la Corte de Constitucionalidad en operadores políticos, quedando la población a merced de los intereses que dichos magistrados protegen.