Por: Elena Toledo, Fundación Eléutera
El libertómetro posicionó, en noviembre, a Honduras como el país más libre con un 83.3% obteniendo su mayor porcentaje en libertades políticas con un 63.3% y en libertades económicas con un 20%.
Honduras vivió durante el mes de noviembre en medio de un panorama social y económico muy particular, ya que además de las afectaciones derivadas de las regulaciones por la pandemia del COVID-19, en el mes de noviembre el país fue impactado por dos tormentas: Eta e Iota con menos de 10 días de diferencia y con igual impacto catastrófico para la Costa Norte y Litoral Atlántico de Honduras.
Ante esto, las leyes emitidas por el Poder Legislativo y Judicial fueron en respuesta a la necesidad de la población para dar celeridad a la asistencia humanitaria. Sin embargo, hubo medidas que si bien se tomaron como positivas, son un tanto amenazas también, como la creación de la nueva Secretaría de Transparencia, que ubica al gobierno como veedor de sus propias acciones, quitando potestad a organismos ya establecidos como el Tribunal Superior de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Esta acción antes mencionada ha sido altamente cuestionada debido a que se considera habrá duplicidad de funciones, y ante la alta desconfianza que hay hacia el Estado, no abona estabilidad al momento actual.
Por otra parte, la dinámica de poder legislativo sigue en temas electorales con el debate de la Nueva Ley Electoral, lo que le favorece al oficialismo ya que la atención del pueblo hondureño se distrae en dichos temas, asimismo, en el debate para tratar las consecuencias de la reciente crisis humanitaria derivada del paso de las tormentas Eta e Iota.
En esta coyuntura, las diferentes fuerzas políticas que convergen en el legislativo quedaron en deuda con la realidades y circunstancias que exige Honduras, esto en detrimento de la situación económica y social de los hondureños.