Alexis Martínez, Panamá
Durante el mes de octubre, la República de Panamá ha obtenido los siguientes puntajes en el índice del Libertómetro:7.5% en libertad individual, 14.7% en libertad económica, 3.6% libertad económica. De ello se desprende que las medidas positivas y las áreas donde Panamá ha obtenido mejor calificación son aquellas que reorganizan ciertas áreas administrativas del Estado para hacerlas más eficientes en cuanto a los recursos que utilizan para su funcionamiento, así como al alcance que podrían llegar a tener por sus funciones. Sin embargo, la puntuación negativa se ve ocasionada, en gran parte, por la falta de transparencia en el actuar institucional. Especialmente por la suscripción de contratos de préstamos millonarios con instituciones internacionales.
Además, el mes de octubre se ha caracterizado por la “vuelta a la normalidad”, donde vemos de forma positiva que se hayan levantado medidas que se habían demostrado poco eficientes, arbitrarias e inconstitucionales, tales como mantener los domingos con cuarentena total (es decir, nadie tenía permitido salir de casa) o mantener las playas y ríos cerrados al público; mientras el gobierno permitía otras actividades más “peligrosas”, como el ingreso a los casinos. Sin embargo, mal podríamos calificar positivamente el levantamiento de estas medidas, puesto que si bien conceden libertades de tránsito para el comercio e incluso para el turismo, son libertades que fueron arrebatadas sin el sustento científico, de forma arbitraria y sin seguir el procedimiento constitucional dispuesto para ello.
Por otro lado, vemos de forma negativa y peligrosa la mala práctica que ha adquirido el gobierno de pedir préstamos millonarios a instituciones internacionales. Estos préstamos han aumentado de forma acelerada la deuda externa panameña y podrían llevarnos a una crisis económica aún mayor en el futuro.
A esto se suma la falta de transparencia con la que se están manejando los fondos prestados y la falta de comunicación a la población de las motivaciones, perspectivas y proyecciones para el repago de estos empréstitos. El sentir de la población es que el gobierno está recurriendo a financiamiento internacional para suplir los intereses políticos de momento y que no está aplicando ninguna medida de contención de gasto, sino que por el contrario ha aumentado la planilla y los escándalos de corrupción y sobreprecio.
Así, vemos como un logro del gobierno este mes, pero que debe ser fiscalizado con cautela, la esperada conclusión de la primera fase del proceso de descentralización y la elevación de la Secretaría Nacional de Descentralización a la Autoridad Nacional de Descentralización.
La descentralización en la administración pública es la delegación de la autoridad y toma de decisiones a los gobiernos locales, transfiriéndole los recursos necesarios para que se pueda descentralizar la administración pública. Este paso le otorgará mayor autonomía y fortalecerá los gobiernos locales, lo que es positivo para los ciudadanos siempre que se utilice adecuadamente y no como una excusa de aumentar el gasto estatal.
Ahora bien, en los puntos positivos del mes de octubre, el gobierno nacional emprendió acciones de reordenamiento y readministración de sus funciones. Una de las críticas de algunas entidades gubernamentales, específicamente de aquellas que conforman el Órgano Ejecutivo, es que se le asignaban tareas que no le eran propias, lo que llevaba a una acumulación y en ocasiones dualidad de funciones entre entidades.
Esto sucede, con mayor frecuencia, con el Ministerio de la Presidencia, que se convierte en el brazo ejecutor del presidente de la República y al cual se le adscriben oficinas que, en poco o nada, guardan relación con el mandato constitucional que tiene este ministerio.
Ejemplo de ello es la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública (UCIP), la Unidad Coordinadora para el Programa Saneamiento de Panamá y la Oficina de Electrificación Rural. Por ende, el paso tomado en dirección correcta ha sido trasladar estas oficinas a ministerios que le sean más afines por la función que ellos realizan.
De esta forma el impacto puede ser positivo toda vez que se ahorran recursos de ejecución, se evita la dualidad de funciones y choque entre ministerios y oficinas gubernamentales y se le permite a la oficina que pueda expandir su mandato y mejorar su servicio (considerando que tiene un espacio legal y administrativo para hacerlo).