María Isabel Bonilla, Guatemala
El regreso a la “nueva normalidad” se ha dado de tal forma en el país que no se conoce una ruta que lleve a alcanzar objetivos y metas medibles. Especialmente en cuanto al abordaje de la pandemia aún existente, la transformación institucional para un gobierno más eficiente y en relación con la agenda para la recuperación económica, tan anunciada por los organismos Ejecutivo y Legislativo.
Se reconocen esfuerzos que responden a la iniciativa particular de autoridades y de instituciones para dar respuesta a la necesidad de aproximar a las instancias de gobierno hacia los ciudadanos, mejorar los procesos, eliminar las barreras y aprovechar de mejor forma la tecnología existente.
Sin embargo, dichas medidas no responden a una estrategia nacional que provea de una ruta a seguir y que sea de conocimiento de todos. No se percibe coordinación en las acciones. Y por ello se puede decir que existe más avance en alguna unidad ejecutora o en un ministerio de Estado, que no responde necesariamente a una política de Estado o una estrategia.
Se considera como positivo haber levantado las restricciones adoptadas para detener la pandemia del covid-19. Dichas restricciones violentaban derechos humanos básicos como el derecho a la libre locomoción, el derecho al trabajo, el derecho a producir, comerciar o consumir. Pero no se conocen exactamente cuáles son los costos/beneficios de tales restricciones.
Lo cual es necesario ante la posibilidad de una segunda ola de infecciones y las medidas sanitarias que deban adoptarse para contrarrestarla.
Además de una evaluación de las medidas restrictivas a los derechos humanos, económicos y políticos a que se vio sometida la sociedad guatemalteca, urgen dos acciones claras por parte del Estado: definir la agenda de reactivación económica y el plan de fortalecimiento institucional que implica la modernización estatal y el gobierno digital.
Han sido patentes las debilidades institucionales que han dificultado el accionar efectivo y eficiente del gobierno en todos sus niveles. Sin embargo, no se ha vuelto a discutir ni el fortalecimiento institucional ni una agenda económica que permita conocer cuáles serán los siguientes pasos para seguir hacia la recuperación.
Las disposiciones del organismo Ejecutivo son insuficientes; el Congreso de la República se mantiene en permanente negociación política, lo que detiene la discusión de normas necesarias; el organismo Judicial se encuentra en un estancamiento ante la falta de elección de magistrados. Esperemos que en lo que queda del año 2020 se tomen decisiones claras para llevar a la recuperación en el 2021.