Un mes atípico de actividad regulatoria

Libertómetro Costa Rica

Asdrúbal Vargas, Instituto AMAGI

Pocos meses han sido tan atípicos para la vida regulatoria para el país como lo que hemos experimentado en era COVID19. Si bien la altura de las circunstancias exige detener las actividades sociales, pocas veces en el presente cuatrienio hemos necesitado de mpas dinamismo legislativo para impulsar necesidades políticas públicas que por años han quedado desplazadas por el cortoplacismo político del contexto.

Dicen que una crisis únicamente refleja problemas que ya teníamos ahí. El INEC reportó que para finales de mayo el desempleo golpeaba ya, al menos, al 23.9% de la población laboral del país, siendo las mujeres la más afectadas. Sin embargo cometeríamos un error en asociar ese número de forma directa al impacto de la pandemia, cuando lo cierto es que durante años llevamos arrastrando un desempleo que para cierre de 2019 se ubicaba en casi 13%, reiterando por qué tantos sectores económicos y sociales exigían desde mucho antes de la crisis sanitaria una hoja de ruta clara al gobierno para atender la crisis económica

También hay quienes dicen que una crisis es una oportunidad. Lamentablemente no fue captado por parte del gobierno como una coyuntura nacional sin precedentes que permitía aprobar finalmente medidas de recuperación económica que han enfrentado adversarios en el Congreso y otros grupos de presión. Por el contrario, fue una oportunidad para que el sector azucarero, que ya sostiene un monopolio en el país financiado por el consumidor nacional, pudiera concretar con el Ministerio de Economía para aprobar una medida de salvaguarda con un arancel adicional del 34.27%. No sólo la medida carece de todo criterio técnico y empobrece el bolsillo del usuario sino que ya existía un arancel del 45% para la importación de azucar blanca, llegando así a un jugoso y dulce 79,27% de arancel. Una política económica de este tipo nunca es justificable, pero sacarla en medio de la distracción de la pandemia es una jugada política muy sensible.

La crisis también fue una oportunidad para quienes siempre han defendido la idea de regular los intereses de los créditos bancarios y tarjetas de crédito operativizando el delito de la usura. Como decía Milton Friedman, las políticas públicas hay que evaluarlas por sus resultados y no por sus intenciones. Ell efecto inmediato fue la cancelación de más de 79 mil tarjetas de crédito en el banco privado más grande del país, junto al cierre de 11 sucursales bancarias y más de 300 despidos adicionales. En momentos donde el acceso al crédito será esencial para muchas personas en desempleo o pequeños negocios buscando recuperarse en medio de los cierres sanitarios, muchos se cuestionan si el remedio no será peor que la enfermedad que se pretendía curar, exlcuyendo a personas del sistema financiero o, peor aún, emopujándolas a los créditos informales conocidos como cuenta gotas.

Otros proyectos legislativos como el del retiro anticipado del Régimen Obligatorio de Pensiones, sobre todo para esos que hoy necesitan recursos generan alto debate. Por un lado, está la posición de quienes defienden el derecho de disponer de su dinero, y por otro la de quienes se preocupan por el impacto que esta medida pueda tener en el futuro de una generación sin jubilaciones, sobre todo en momentos dondelos estudios actuariales del regimen de pensiones refleja un futuro donde la pensión de muchos no se encuentra garantizada. También se presentó un proyecto que pretende restringir la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en actividades y espectáculos deportivos, lo cual refleja que aún no existe concenso para que marcas de licor puedan patrocinar eventos deportivos para inyectar recursos en las comunidades, algo que ni siquiera debería ser objetado moralmente mientras el Estado sigue manteniendo un monopolio en la producción de alcohol.

Sin embargo, hitos sociales asociados a la libertad individual fueron aprobados durante este periodo. Luego del hito de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en el país, se aprobó también la ley de acoso callejero la cual busca garantizar el igual derecho, a todas las personas, de transitar o permanecer libres de acoso sexual en espacios públicos, buscando que se deje de normalizar la discriminación sexual como un acto normal.

Además se discutieron reformas parciales al Código de Trabajo que permitan que en casos de excepción muy calificados, se pueda implementar una jornada ampliada de trabajo de hasta doce horas por día, hasta un máximo de cuatro días y contando con tres días libres consecutivos a la semana, como mínimo, preferentemente en aquellas labores que por su naturaleza requieran de procesos continuos de 24 horas de trabajo. También fue aprobada la ley que busca trasladar varios días feriados por ley al día lunes siguiente.

Si bien estó motivo a los empresarios del sector turismo que se preparaban para una reapertura controlada de la economía, días después se vino un nuevo cierre total con restricciones a la libertad de tránsito luego de que el país experimentara una segunda ola escalonada de casos de COVID19, luego de haberlo logrado aplanar por semanas la curva de contagio, que le había signidicado al gobierno un repunte de su reputación tanto a nivel local como internacionalmente.

Este baño de realidad que tuvimos con el segundo pico de la pandemia, nos hace reflexionar en que en uno de los meses donde Costa Rica necesitaba mayor claridad sobre una ruta económica, encontramos una agenda regulatoria difusa, heterogénea y poco contextualizada con la emergencia nacional que atraviesa el país. Entrando ya al segundo semestre del año, quedan más dudas que respuestas respecto al proceso de convergencia de interes políticos que permitan atacar viejos problemas agravados por la pandemia.